LOGROÑO, 18 de octubre.

La organización Amigos de la Tierra La Rioja ha expresado su preocupación este sábado respecto a los primeros problemas que están surgiendo en la construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto. Esta obra, que cuenta con un presupuesto de 65 millones de euros y se considera una de las más relevantes en la región, ha sido cuestionada por llevarse a cabo en un área vulnerable a inundaciones del río Ebro.

En un comunicado, la organización ha subrayado que esta obra fue aprobada con una Declaración de Impacto Ambiental que ya está obsoleta y que no tomó en cuenta el riesgo de inundaciones que se está experimentando actualmente. "Se muestran evidentes las presiones políticas para llevarla a cabo, pero ahora empezamos a enfrentar las consecuencias de un proyecto que debería haberse rediseñado”, alertan.

Los activistas añaden que, en un contexto donde el nivel de agua del Ebro es excepcionalmente bajo, se están produciendo inundaciones en la obra debido a la posible variación del terreno. "Nos hallamos ante un desajuste evidente: las condiciones del entorno han cambiado, pero las decisiones parecen no haberlo considerado", argumentan.

Amigos de la Tierra La Rioja critica que esta situación no debería ser considerada como algo normal. "Las prisas por en marcha una infraestructura sin los estándares necesarios son inaceptables, especialmente en un lugar donde los permisos para una obra de esta magnitud no debieron ser concedidos en primer lugar”, sostienen.

A pesar de reconocer que mejorar el ferrocarril es una necesidad para La Rioja, instan a que estos proyectos se realicen siguiendo criterios técnicos adecuados. "Si existía la necesidad de realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, no entendemos por qué no se llevó a cabo”, enfatizan.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja se muestran convencidos de que la aceleración del proyecto responde a intereses políticos, especialmente con las elecciones a la vista. "Parece que se priorizan los intereses de unos pocos sobre el bienestar común que deberían guiar las decisiones gubernamentales. Y, al final, la responsabilidad parece eludir a los actores políticos: la comunidad de La Rioja será la que pague las consecuencias”, concluyen.