Recientemente, un escabroso caso de estafa ha sido desmantelado por la Guardia Civil en una operación conocida como 'Lugacoll'. Esta investigación ha llevado a la detención de un grupo delictivo que se dedicaba a estafar a 85 personas mayores en diversas comunidades autónomas de España, haciéndose pasar por trabajadores de la luz. Las autoridades destacan que la banda operaba en un total de nueve regiones, incluyendo Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, entre otras.

Los operativos han terminado con la captura de dos hombres, mientras que cinco personas más están bajo investigación por múltiples delitos de estafa, robos y un incidente violento en Castellón, donde un individuo fue agredido por la banda y despojado de 1.200 euros. Este caso ha sido elevado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent, que ha dictado prisión provisional para los detenidos.

La estructura del grupo estaba formada por siete individuos con residencia en Valencia, quienes tenían antecedentes penales similares y habían trazado un plan meticuloso para llevar a cabo sus fechorías, focalizándose en personas mayores como sus principales víctimas. Gracias a su astucia, lograron acumular un botín superior a 100.000 euros, además de joyas y dispositivos móviles sustraídos de los hogares de las víctimas.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de dos ancianos en febrero. Una de las víctimas relató que fue abordada por dos hombres que se presentaron como técnicos de una compañía eléctrica, asegurando que ya habían hablado con su hija sobre un cambio de contador. En su hogar, los estafadores intentaron cobrarle 900 euros, pero al no tener efectivo, le ofrecieron un dispositivo de pago que resultó ser una trampa para conseguir el código PIN de su tarjeta y acabar vaciando su cuenta bancaria.

La segunda víctima también fue atacada en su casa por un individuo que se hacía pasar por técnico, quien le amenazó con un corte de suministro inmediato si no abonaba 900 euros al instante. Aterrorizado, el anciano pagó 500 euros, dejando el resto para después. Este esquema de engaño fue posible gracias a una empleada del hogar que ayudó a las autoridades a identificar a los estafadores, lo que condujo al esclarecimiento del complejo entramado delictivo.

El modus operandi del grupo era siempre similar: se acercaban a sus víctimas, frecuentemente en la calle o directamente en sus hogares, utilizando indumentaria que los hacía parecer empleados legales de una empresa de suministros. Al establecer contacto, creaban un estado de urgencia, simulando amenazas de interrupción del servicio para conseguir el acceso a los domicilios de sus víctimas, donde aprovechaban para robar lo que encontraban a la vista.

El foco de estas estafas recayó principalmente en personas mayores, a quienes intentaban ganar la confianza mediante un trato cordial y personalizado, incluso llamándolos por su nombre en un intento por aportar una falsa sensación de seguridad. Este plan estratégico, combinado con su habilidad para mentir convincente y presionantemente, les permitió perpetrar 85 delitos en varias localidades de toda España, marcando un reto significativo para las autoridades en la protección de la población más vulnerable.