LOGROÑO, 9 de diciembre.

En una reciente conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, se pronunció sobre las agresiones ocurridas en el centro para personas con autismo Leo Kanner, situado en Logroño, desvinculando la responsabilidad del Gobierno y señalando a la entidad concesionaria como la encargada de la gestión.

Las declaraciones de Domínguez se produjeron a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño, que impuso penas de un año y ocho meses de cárcel a dos extrabajadores del centro por maltrato a un residente. El portavoz subrayó que la entidad que gestionaba el servicio es la que debe asumir las consecuencias por las acciones de su personal.

El representante del Gobierno enfatizó que el servicio se ofrece a través de un contrato público, lo que implica que la entidad contratada es responsable de la operativa del centro. "La condena se ha originado en el contexto de dicho contrato", afirmó, subrayando la intención del Gobierno de mantener una vigilancia rigurosa sobre el funcionamiento del establecimiento.

Sin embargo, Domínguez fue claro al mencionar que, dado que la condena involucra a trabajadores de la entidad concesionaria, hay límites a lo que el Gobierno puede comentar. “Estamos hablando de una sentencia que recae sobre una entidad que ha obtenido el contrato licitado por nosotros”, añadió.

Al ser cuestionado acerca de los mecanismos de supervisión del Gobierno sobre estos servicios, reiteró que la contratación pública incluye suficientes medidas de control. “Existen protocolos establecidos para garantizar la calidad de la atención en este tipo de servicios públicos”, señaló.

El portavoz resaltó que, en caso de que surjan delitos, la jurisdicción penal prevalece sobre cualquier otra acción administrativa. “Cuando se presentan indicios de delito, la ley penal toma prioridad, como hemos visto en este caso”, agregó, haciendo referencia a la reciente sentencia.

Finalmente, Domínguez aseguró que el Gobierno de La Rioja realiza un seguimiento meticuloso del cumplimiento de las normativas en la prestación de todos los servicios públicos, concluyendo que, desde esa perspectiva, hay poco más que añadir en este caso específico.