LOGROÑO, 31 de octubre. En un paso significativo hacia la modernización de la justicia, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han sellado un acuerdo que promete revolucionar los sistemas tecnológicos de la Administración de Justicia en la región.

Este convenio fue formalizado en Madrid por María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, en conjunto con Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, contando con la presencia de técnicos de ambas instituciones.

La meta principal de este acuerdo es facilitar la transición de los sistemas de información judicial hacia el nuevo modelo introducido por la Ley Orgánica 1/2025, que contempla la creación de los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial, así como servicios de tramitación más ágiles. La implementación de un sistema innovador, eficiente e interoperable beneficiará tanto a los profesionales del sector como a la ciudadanía.

María Martín ha enfatizado que este convenio representa un avance crucial en la modernización de los servicios públicos en La Rioja. "Estamos en la ruta hacia una justicia más ágil y accesible, que aproveche las herramientas tecnológicas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, especialmente en las áreas más rurales", ha asegurado.

Además, la consejera ha resaltado la relevancia de la colaboración interinstitucional, afirmando que "este acuerdo es un reflejo del compromiso del Gobierno de La Rioja con una justicia contemporánea, que prioriza la coordinación, la digitalización y la transparencia". Martín enfatizó que “una gestión moderna y eficiente de nuestros recursos es clave para garantizar servicios públicos de calidad”.

El nuevo sistema requerirá ajustes en las aplicaciones y herramientas digitales que emplean los órganos judiciales, centrándose en la optimización de la identificación de unidades funcionales, la gestión de usuarios y la documentación necesaria.

Estas iniciativas se llevarán a cabo bajo los principios de interoperabilidad y eficiencia tecnológica, como se establece en el Real Decreto-Ley 6/2023, en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años, renovable anualmente hasta un máximo de cuatro años más, sin implicar un costo económico, ya que la transferencia de tecnología se hará de forma gratuita entre las partes.

Con esta colaboración, La Rioja está dando pasos firmes para la implementación del nuevo modelo judicial previsto en la LOEO, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la digitalización y la calidad del Servicio Público de Justicia, elementos esenciales para construir una administración moderna y centrada en las personas.