24h La Rioja.

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El GPP solicita explicaciones al PSOE por presunta mala gestión en suelo industrial favoreciendo al Gobierno central.

El GPP solicita explicaciones al PSOE por presunta mala gestión en suelo industrial favoreciendo al Gobierno central.

El Gobierno de Gonzalo Capellán ha logrado un ahorro de 60 millones de euros para los ciudadanos de La Rioja, gracias a su rápida intervención en una situación crítica.

LOGROÑO, 1 Mar.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, ha anunciado que el GPP solicitará la comparecencia del exconsejero socialista, José Ángel Lacalzada, ante una comisión de estudio para investigar la gestión del suelo industrial en La Rioja y las actividades de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje.

Martínez Arregui ha revelado los resultados de una auditoría que evidencia una gestión deficiente en la política industrial de La Rioja, acusando al PSOE de irresponsabilidad en sus acciones.

Según la portavoz, la gestión megalómana de Concha Andreu y su afán por complacer a Pedro Sánchez ha tenido consecuencias negativas para los riojanos, al malgastar recursos públicos en proyectos insostenibles.

Además, destaca que la decisión oportuna del Gobierno de Capellán ha permitido evitar pérdidas millonarias para la comunidad.

Begoña Martínez Arregui ha recordado el acuerdo entre el PSOE y el Gobierno central para adquirir suelo industrial a un precio desfavorable, comprometiendo fondos públicos en un proyecto inviable.

Desde el PP critican la falta de transparencia en la operación y señalan que las decisiones tomadas por el Gobierno anterior perjudicaron a todos los ciudadanos de La Rioja.

Asimismo, subrayan que un informe de la ADER desaconsejaba la operación desde un principio, pero la presidenta y altos funcionarios continuaron con el proyecto.

La auditoría solicitada por el PP revela la ilegalidad de las acciones tomadas en la operación, desde la reserva de suelo hasta la comercialización de los polígonos de El Recuenco de Calahorra y La Senda de Alfaro.

Además, se afirma que la adjudicación directa a la Fundación del Envase y el Embalaje infringió normativas europeas y carecía de sustento jurídico válido.

En conclusión, se señala que las negociaciones solo beneficiaron al Gobierno central al liberarlo de un problema en La Rioja, mientras que la comunidad local sufría las consecuencias de decisiones mal fundamentadas y arriesgadas.

Se destaca que la ilegalidad en los procedimientos administrativos bloqueaba la disponibilidad de suelo industrial para las empresas, poniendo en riesgo el desarrollo económico de la región.