LOGROÑO, 12 Mar.

El juicio, por el cual se solicitaban seis años y medio de prisión para el promotor del edificio 'Alfil' de Lardero por estafa continuada, programado para este martes, 12 de marzo, en la Audiencia Provincial de La Rioja, ha sido pospuesto para que la defensa pueda presentar un informe pericial.

Según el TSJR, la suspensión se debe a que a principios de marzo la acusación presentó un informe pericial. Ante esto, la defensa solicitó tiempo para presentar un informe pericial propio. Por lo tanto, el Tribunal ha decidido posponerlo hasta la presentación del informe de la defensa.

En el escrito de la acusación se detalla que el acusado Á.B.E., en representación de la sociedad DAMWO-10, SL, promovió la construcción de viviendas de la Urbanización Alfil en Lardero.

Según la acusación, a pesar de múltiples procedimientos legales, que incluyeron la orden de demolición, las viviendas han sido declaradas ilegales y sus propietarios han sufrido graves consecuencias legales y económicas.

La acusación afirma que el acusado no informó a varios compradores sobre el proceso judicial en curso ni sobre las posibles consecuencias de una sentencia desfavorable, ocultando deliberadamente una situación que les habría permitido no realizar los contratos de compraventa.

Además, la acusación sostiene que el acusado ocultó esta información a los compradores antes de que se firmaran las escrituras de compraventa, engañándolos sobre la legalidad de las viviendas.

Como resultado, la empresa DAMWO-10, SL recibió dinero por viviendas que luego fueron consideradas ilegales, perjudicando económicamente a los compradores.

Tras enterarse en 2006 de la anulación de la licencia de edificación que respaldaba el edificio Alfil, el acusado no ofreció ninguna solución a los compradores, convenciéndolos de que las viviendas serían legalizadas, privándolos de acciones legales para rescindir los contratos.

Los hechos descritos constituyen, para la acusación, un delito continuado de estafa grave que involucra una cantidad superior a 50.000 euros, cometido por el acusado en su capacidad como administrador de la empresa DAMWO-10, SL.

Por todo esto, se propone que el acusado sea condenado a seis años y seis meses de prisión, además de una multa. También se le ordena indemnizar a los perjudicados con más de 525.000 euros, descontando cualquier beneficio que hayan recibido por el uso de las viviendas.