LOGROÑO, 12 de diciembre. En un fallo significativo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha dado la razón a una mujer que fue víctima de un incumplimiento de contrato, ordenando a una empresa el pago de 11.876,64 euros como compensación. Esta mujer había sido seleccionada para un puesto administrativo, pero recibió la comunicación de la rescisión de su contrato solo unos días antes de lo que debía ser su incorporación al nuevo trabajo.

En su dictamen, el Tribunal sostiene que la empresa actuó de manera injustificada al romper unilateralmente un contrato de trabajo indefinido que se había comprometido a ofrecerle. La afectada, que contaba con un empleo previo en una empresa logística a jornada completa, había solicitado una reducción de su jornada laboral a partir de octubre de 2022 para poder cuidar de su hijo.

El 9 de marzo de 2023, tras presentar su baja voluntaria en su antiguo puesto, recibió una oferta a través de un correo electrónico de una filial de una mutua laboral en Barcelona para un trabajo como administrativa. Luego de enviar su currículum y superar una entrevista por videoconferencia, fue indicada para ser incorporada en la sede de Logroño el 11 de abril.

No obstante, el 21 de marzo recibió un correo de la coordinación local, solicitando la documentación necesaria para formalizar su contrato. Sin embargo, el 3 de abril, el delegado de la mutua en La Rioja le informó que se había decidido no cubrir la plaza por razones organizativas, dejándola nuevamente sin la oportunidad de empleo prometida.

Después de esta frustrante experiencia, la demandante logró conseguir un nuevo trabajo a tiempo completo el 3 de mayo. Finalmente, el 13 de junio, la empresa que había incumplido su oferta contrató a otra persona para el mismo puesto que ella había solicitado.

El fallo del Tribunal establece que la indemnización por incumplimiento de contrato no se otorga de forma automática, sino que es necesario que se demuestre el daño causado. En este caso, el TSJR concluyó que la decisión de la empresa había privado a la mujer de un empleo seguro y del salario asociado, lo cual constituye un lucro cesante que debe ser reparado.

La resolución judicial recalca la gravedad del incumplimiento por parte de la empresa, reconociendo que la mujer tiene derecho a recibir una compensación económica por la pérdida del empleo prometido. La cantidad fijada asciende a 11.876,64 euros, de acuerdo con los cálculos presentados por la demandante. Cabe señalar que esta sentencia no es definitiva, ya que cabe la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.