LOGROÑO, 4 de diciembre.

En una reciente sesión del Ayuntamiento de Logroño, se desestimó la propuesta del Grupo Municipal Socialista que buscaba designar a la ciudad como una "zona tensionada" conforme a la Ley de Vivienda, en respuesta al crecimiento incontrolado de los precios del alquiler. El Partido Popular (PP) calificó la moción como una iniciativa puramente "ideológica y demagógica", argumentando que tales acciones solo contribuirían a dañar el mercado inmobiliario. La postura del PP y de Vox fue decisiva para el fracaso de esta propuesta.

Álvaro Foncea, concejal socialista, defendió claramente la moción, subrayando la creciente desigualdad social en Logroño. "Designar esta zona como tensionada podría ser un paso crucial para frenar la burbuja inmobiliaria que estamos viendo", afirmó.

Desde el PSOE se argumentó que tal declaración permitiría "congelar los precios de los alquileres en las áreas más afectadas, fomentar la oferta de viviendas asequibles y promover incentivos fiscales tanto para propietarios como para los inquilinos".

En el bando opuesto, Vox argumentó que esta medida podría incrementar la competencia de manera desordenada. Pidieron a sus compañeros socialistas que no engañaran a la ciudadanía, advirtiendo que el control de precios podría resultar en un saturado mercado inmobiliario. "Es esencial incrementar la oferta de vivienda y aplicar medidas efectivas que realmente aborden el problema", recalcaron.

Asimismo, el PP se unió a la crítica, sosteniendo que las propuestas socialistas eran ideológicas y destructivas para el mercado de la vivienda. Patricia Sáinz, concejala del PP, destacó los logros alcanzados durante su gestión en este ámbito, rechazando las "medidas intervencionistas" que, a su juicio, resultaban en pérdidas para el mercado del alquiler.

Por otro lado, Podemos mostró su apoyo a la moción, aunque con la clara advertencia de que se trataba solo de un primer paso insuficiente.

En otra parte del pleno, fue rechazada una moción del PSOE para firmar un acuerdo anual con La Barranca, destinado a continuar con iniciativas de memoria histórica. Aunque se consideró una enmienda del PP, que dividió la moción en dos partes, el consenso se desvaneció tras las intervenciones de distintos concejales.

La concejala socialista Beatriz Nalda, en un intento por mediar, generó descontento en el grupo Popular, quienes argumentaron que su intervención había complicado el consenso alcanzado. "Lo que el PSOE ha expresado refleja una concepción errónea de nuestra historia democrática", respondieron desde el PP.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, también hizo eco de la necesidad de manejar el tema con respeto hacia la convivencia social, y aunque inicialmente había planeado apoyar la moción, cambió su decisión y se sumó al rechazo.

A la sazón, se discutió otra moción de Vox que pedía la grabación continua de las cámaras de seguridad en la vía pública, propuesta que también fracasó. María Jiménez, concejala de Vox, defendió su propuesta argumentando que la falta de utilización de estas herramientas dejaba desprotegida a la Policía Local.

Sin embargo, múltiples grupos del Ayuntamiento rechazaron esta iniciativa. La concejala no adscrita Eva Loza expresó su oposición, indicando que la instalación de cámaras pondría en riesgo derechos fundamentales, mientras que Amaia Castro de Podemos añadió que esta medida representa un intento de control social.

El PSOE también se opuso a la moción, citando estadísticas que posicionan a La Rioja como una de las comunidades más seguras del país. Por su parte, el PP advirtió que la propuesta de Vox podría malinterpretar la situación actual de la seguridad en Logroño, destacando que hay planes consecuentes en marcha.

La sesión concluyó con un debate sobre diversas cuestiones que afectan el bienestar emocional de los ciudadanos y temas relacionados con la transparencia de las acciones del Consistorio. Ante una pregunta sobre la posible falta de transparencia en la Alcaldía, Francisco Iglesias, concejal del PP, instó al Partido Riojano a indagar sin temor, asegurando que no encontrarían indicios de falta de claridad en la gestión pública.