LOGROÑO, 29 de diciembre.

El concejal de Administración Pública del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, ha defendido la utilidad de los reconocimientos extrajudiciales de créditos en el último pleno del año, argumentando que son una herramienta para "corregir errores". En respuesta a las acusaciones de la oposición, que critican la gestión del gobierno local, Iglesias ha rechazado cualquier insinuación de irregularidades en estos procesos.

Durante la sesión, se aprobaron cuatro reconocimientos extrajudiciales de créditos relacionados con facturas impagadas que suman aproximadamente 45.000 euros. Estos incluyen facturas de la empresa Stampy Mail por 19.200 euros correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, que no fueron tramitadas a tiempo debido a cambios en el personal del departamento.

Otra factura, de noviembre del presente año, asciende a 16.500 euros y corresponde a la empresa Aranzado La Ley S.A.U., también por un retraso administrativo y nuevos requerimientos legales. Este reconocimiento recibió el no de PR+ y Vox, la abstención de PSOE y Podemos, y el apoyo del PP. Además, se aprobó un abono de 3.500 euros a la empresa Sonovisión, por servicios de sonorización e iluminación del Auditorio Municipal, con la votación a favor de PR+ y PP, y abstenciones de los demás partidos.

Las críticas de la oposición se centraron en la reiteración de estos expedientes, que el portavoz socialista, Luis Alonso, ha comparado con "el día de la marmota". En particular, el expediente de 6.000 euros para la empresa Ignacio Faulín S.L. ha sido objeto de un encendido debate, con argumentos sobre cómo fue firmado el contrato a mano, lo que debería haberse hecho de manera electrónica según las normativas establecidas.

Laura Arribas, concejal responsable, aclaró que este contrato se relaciona con un espectáculo educativo sobre redes sociales presentado a 650 escolares el 15 de octubre. Sin embargo, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, calificó esta firma como "irregular", exigiendo transparencia y acceso al expediente original. Asimismo, la portavoz de Podemos, Amaia Castro, y la de Vox, María Jiménez, subrayaron que este patrón de gestión representa un problema más profundo que técnico.

Kilian Cruz, concejal del PSOE, también criticó la gestión actual del Gobierno local, señalando que la Intervención municipal había expresado reparos sobre esta contratación, y pidiendo una reflexión conjunta sobre el tema. Luis Alonso, portavoz socialista, describió la situación como "un culebrón", reclamando la rendición de cuentas al alcalde y un deseo sincero de un "feliz año sin más problemas de este tipo".

Ante estas críticas, Iglesias defendió que estos expedientes permiten corregir errores administrativos y subrayó que la contratación concreta, aunque "alegal", nunca fue ilegal. Esta afirmación fue respaldada por los votos del PP únicamente.

Finalmente, se ratificó la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2, referente al IBI, tras aceptar una alegación. Francisco Iglesias reiteró que tanto las ordenanzas fiscales como el presupuesto de 2026 entrarán en vigor el 1 de enero, subrayando que esto es lo que realmente importa a los ciudadanos.