LOGROÑO, 10 de noviembre.

Este lunes, la Asociación de Hostelería Riojana, parte de la FER, ha anunciado su intención de llevar a los tribunales la Ordenanza de Terrazas, recientemente aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Logroño.

Según el presidente de la asociación, Francisco Bergés, y el abogado del caso, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, esta nueva normativa impacta negativamente a más de 500 terrazas en la ciudad, a las cuales consideran que les falta un respaldo legal adecuado y que, adicionalmente, favorece en demasía las reclamaciones de los vecinos.

Bergés expresó su descontento en una rueda de prensa, afirmando: “No nos gusta tener que organizarnos de esta manera. Deseamos estar en nuestros negocios y no aquí, defendiendo lo que consideramos una injusticia en la normativa sobre las terrazas”.

Aseguró que la asociación ha trabajado durante mes y medio, presentando propuestas al Ayuntamiento para mejorar el borrador de la normativa, pero solo se aceptaron dos líneas de un total de 22 páginas de alegaciones.

El presidente de la Asociación insistió en que las nuevas restricciones tendrán efectos adversos significativos: menos ingresos, lo que se traduce en menos impuestos para la ciudad y, por ende, en una reducción de servicios. También advirtió sobre el riesgo de despidos en el sector.

Bergés apuntó que “siempre somos los mismos los que acabamos perjudicados”, resaltando la disparidad entre la regulación local y las políticas más permisivas de otras ciudades como Castellón o Cádiz, donde las terrazas son gratuitas para fomentar el turismo.

Uno de los principales inconvenientes, según los hosteleros, es el recorte de horarios. Aunque el adelanto en el cierre es problemático, la verdadera preocupación radica en la obligación de recoger toda la terraza antes del cierre, generando incertidumbre sobre cómo manejar a los clientes al final de la jornada.

El abogado del caso, Alonso, indicó que la reducción de espacio y horario era un hecho que podían aceptar, pero la medida fue mucho más restrictiva de lo previsto originalmente.

Han calculado que la normativa actual reducirá unas diez horas y media de servicio a la semana, lo que se traduce en aproximadamente 43 horas menos al mes, además de que no contempla horarios diferenciados entre el verano y el invierno.

“¿Quién querrá disfrutar de un café en una terraza en pleno verano a las 11 de la noche si en poco tiempo se verá obligado a levantarse porque están cerrando?”, cuestionó Bergés, enfatizando la falta de lógica en la regulación.

La Asociación concluyó que si bien la intención de la ordenanza es legítima al buscar un equilibrio entre intereses, en realidad, la balanza se inclina claramente hacia el lado vecinal, perjudicando a los hosteleros.

Por ello, han decidido tomar medidas legales, aunque reconocen que la impugnación puede ser compleja debido a que las decisiones sobre horarios son políticas y no técnicas, lo que dificultaría la intervención de un juzgado.

Sin embargo, han considerado que hay oportunidades más tangibles para cuestionar la regulación, especialmente en lo que respecta a la recogida de mobiliario de terraza, lo cual representa un desafío logístico considerable.

El abogado del caso concluyó: “Nuestra motivación para acudir a los tribunales es clara, no estamos dispuestos a aceptar estas condiciones sin luchar y queremos que nuestra oposición a esta ordenanza se escuche en todas las instancias, incluyendo el ámbito judicial. Buscaremos todo marco jurídico que permita demostrar que esta norma no se ajusta a derecho”.