LOGROÑO, 9 de octubre.

En la sesión plenaria de octubre, el Ayuntamiento de Logroño ha decidido introducir un ajuste presupuestario de más de 1,28 millones de euros, dentro de un acuerdo de "no disponibilidad de saldo de crédito" enmarcado en su plan de gestión municipal.

Esta medida ha sido respaldada únicamente por el Grupo Popular, mientras que la concejala independiente Eva Loza se abstuvo y el resto de los grupos políticos, incluyendo PSOE, VOX, IU-Podemos y PR+, votaron en contra.

El concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, defensó este reajuste señalando que es "el tercer acuerdo de este tipo en el ejercicio", recordando que se busca una gestión más eficiente del presupuesto. Este reajuste se financia con las bajas en licitaciones, según explicó.

Además, Iglesias aseguró que "no hay servicios que se hayan dejado de prestar", refiriéndose particularmente al servicio de ayuda a domicilio, que según él, está en funcionamiento y sin listas de espera. Igualmente, hizo referencia a la limpieza urbana.

En cuanto a las cifras, el concejal destacó que, aunque en 2024 el presupuesto se cerró con superávit, el aumento en las cotizaciones por parte del Gobierno de España, que podría llegar a 5 millones de euros, afectará al gasto corriente, sumado a los 5 millones que el Ayuntamiento dejó de recibir en financiación. "No se pueden esperar milagros en esta situación", agregó.

Iglesias concluyó su intervención afirmando que "se seguirá adelante con un plan de gestión sólido, a largo plazo, que ayude a administrar mejor los recursos públicos de los logroñeses".

Por su parte, el concejal regionalista Rubén Antoñanzas subrayó que "este Ayuntamiento comenzó el año con un déficit de 8 millones de euros", enfatizando que, a pesar de que el gasto ha incrementado en más de 9 millones, se han perdido fondos europeos, que el anterior gobierno había logrado con esfuerzo. Además, denunció que deben devolver 1,5 millones a la empresa Bosonit, que provendrán de la venta de terrenos, lo que no ayudará a solucionar el déficit.

Desde IU-Podemos, Amaia Castro criticó que este acuerdo de no disponibilidad se debe al ahorro negativo de 8 millones y advirtió que solo se están recortando fondos de otras áreas. Resaltó que el plan de gestión no es voluntario, sino obligado por el déficit, y criticó que siempre se recorta en las mismas áreas.

La portavoz de VOX, María Jiménez, también lamentó que este ajuste implica reducir servicios que benefician a los ciudadanos, señalando que proviene de un presupuesto desequilibrado. En particular, mencionó que se recortan 950.000 euros en Parques y Jardines y más de 200.000 euros en Servicios Sociales, cuando las necesidades son mayores que nunca. "No se recorta en gastos innecesarios, sino en lo básico, y todo se presenta con un lenguaje técnico que oculta la realidad de un déficit de 8 millones", concluyó.

El portavoz del PSOE, Luis Alonso, hizo hincapié en que por primera vez el ahorro neto es negativo y que esto ha llevado a la necesidad de un plan de gestión económico. A su juicio, estos recortes han comenzado a afectar seriamente áreas como servicios sociales y cultura, advirtiendo que es imposible mantener la calidad de los servicios con menos recursos.

Los plenos también aprobaron dos modificaciones presupuestarias adicionales, una por cerca de 430.000 euros, que abarca obras en inmuebles municipales y gasto en electricidad, y otra de 10.000 euros por cambios en la Fundación de la Universidad de La Rioja.

Ambas modificaciones fueron objeto de críticas por parte de la oposición, la cual denunció la mala gestión del Gobierno municipal al presentar suplementos de créditos y reconocimientos extrajudiciales en cada pleno, lo que evidencia improvisación y fallos en la planificación.

Por último, se dio el visto bueno a modificaciones relacionadas con la organización de un campamento en 2025 y una factura pendiente de julio. También se aprobó de forma inicial un cambio en el Reglamento orgánico relacionado con los distritos de Logroño, con el objetivo de reducir la carga administrativa. Este tema generó desacuerdos entre algunos concejales, quien cuestionaron la postura de la presidenta del pleno sobre su doble rol en la sesión.

Leonor González, edil responsable, argumentó que simplificar la normativa es crucial para evitar retrasos en los pagos que afectan a los ciudadanos, y el cambio fue apoyado por PP, VOX y la concejala independiente, con el rechazo de PSOE, IU-Podemos y PR.