Logroño aprueba un presupuesto de 197,25 millones para 2026, incorporando seis enmiendas de la oposición y manteniendo una deuda cero.
LOGROÑO, 26 de noviembre.
El nuevo presupuesto municipal de Logroño para el año 2026 alcanzará un total de 197,25 millones de euros. Este incremento incluye la incorporación de hasta seis enmiendas propuestas por partidos de la oposición, que suman alrededor de 270.000 euros. Según el alcalde Conrado Escobar, este plan financiero se aprobará en un pleno extraordinario este viernes y comenzará a regir desde el 1 de enero del próximo año, ofreciendo una base financiera sin carga de deuda.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar el miércoles, Escobar, acompañado del concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, se refirió a los logros en la gestión presupuestaria del Ayuntamiento. Destacaron que, fruto del plan de gestión implementado en 2025, se ha reducido el gasto corriente en casi 8 millones de euros sin afectar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Hoy, el Consejo Social de Logroño llevará a cabo un análisis del proyecto de presupuesto con el propósito de emitir el correspondiente informe antes de su votación el viernes. El alcalde enfatizó que este presupuesto garantiza que la ciudad esté lista con todas sus cuentas en orden al inicio del año 2026.
"Continuamos trabajando en este camino, porque nuestra prioridad es el progreso de Logroño y el impulso de proyectos que benefician a la comunidad, siempre con una visión de sostenibilidad, dinamismo e inclusión", agregó Escobar.
El alcalde subrayó que el nuevo presupuesto es clave para la continuación de importantes iniciativas, como la revitalización del Barranco de Oyón, la remodelación de la calle Doctores Castroviejo y la creación de un centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, así como iniciativas para transformar el entorno del Revellín. También destacó el enfoque social de las cuentas que priorizan el bienestar de los ciudadanos.
Además, Escobar hizo hincapié en que el nuevo enfoque de gestión pública del actual gobierno local, centrado en la eficacia y responsabilidad, ha conducido a resultados positivos. Aseguró que, tras un año de desafíos en 2025, han logrado presentar un presupuesto equilibrado sin deuda acumulada de ejercicios anteriores.
Escobar también afirmó que seguirán revisando todos los programas de gasto y los contratos existentes para asegurar que se ajusten a las necesidades de la ciudad, incluyendo iniciativas de eficiencia energética y adaptación a nuevas realidades.
Francisco Iglesias detalló que los recortes en el gasto público se han aplicado a distintas áreas, como iluminación y servicios sociales, sin que se haya visto afectada la disponibilidad de servicios para los ciudadanos. El presupuesto para 2026 contempla una reducción en la deuda, con sólo un pago pendiente de amortización por inversiones.
El concejal también mencionó que la deuda viva del Ayuntamiento se sitúa en un 47%, es decir, 51 millones de euros, la cual se aleja del límite del 75% establecido por la ley, reafirmando así que la salud financiera del Ayuntamiento es adecuada.
No obstante, el alcalde Escobar advirtió que la elaboración del presupuesto 2026 se ha realizado en un contexto de incertidumbre respecto a las aportaciones del Gobierno de España, ya que todavía no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, lo que complicaría la previsión de ingresos.
"Hemos hecho un ejercicio de prudencia presupuestaria ante la indefinición que nos rodea, a la espera de una actuación más transparente y clara por parte del Gobierno central”, agregó Escobar.
A pesar de las dificultades, el alcalde se mostró optimista respecto a las estimaciones de ingresos para 2026, que se proyectan en 62 millones de euros, basándose en los récords de recaudación anteriores.
Finalmente, Escobar hizo un llamado a la claridad en las contribuciones del Gobierno de España para evitar futuras complicaciones financieras, especialmente con respecto a decisiones como el aumento del 11% en los salarios de los funcionarios, que podrían repercutir en las arcas municipales si no se acompaña de compensaciones adecuadas para los ayuntamientos.