LOGROÑO, 22 de diciembre.

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la nueva Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma en una sesión repleta de tensiones políticas, donde solo el Partido Popular se alzó con los votos necesarios para su implementación. A pesar de la oposición, que presentó más de mil enmiendas, todas fueron rechazadas gracias a la mayoría absoluta que ostenta el PP.

A partir del 1 de enero, el presupuesto diseñado por el Gobierno regional comenzará a regir, incorporando únicamente las enmiendas sugeridas por los representantes del Partido Popular.

El proyecto de presupuesto para 2026 incluye una cantidad total de 2.118,60 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,66% en comparación al año anterior. La portavoz del PP, Cristina Maiso, ha destacado la aprobación como un rayo de esperanza en lo que ella define como un escenario nacional desolador.

El Grupo Parlamentario Popular propuso 108 enmiendas que fueron integradas en el dictamen de la ley tras su discusión en la Comisión de Presupuestos el pasado 12 de diciembre.

Entre las modificaciones más significativas mencionadas por Maiso se encuentra un impulso de 200.000 euros para la construcción del nuevo Centro Marqués de Vallejo, lo cual, según ella, garantiza un enfoque más sólido hacia este desarrollo.

Además, se asignaron 100.000 euros para la destilación obligatoria en la OCM y 140.000 euros destinados a FECOAR para avanzar en un modelo cooperativo en este contexto.

En el ámbito de las infraestructuras de riego, se destinarán 150.000 euros a la elaboración de planes para balsas, una medida pensada para favorecer a las comunidades de regantes.

El debate de hoy comenzó con una dura crítica por parte de Henar Moreno, portavoz de Podemos-IU, quien acusó al Partido Popular de tratar los presupuestos con "filibusterismo", indicando que desde su entrada en el Parlamento se han evitado las sesiones ordinarias de debate.

Moreno enfatizó que esto impide a los grupos opositores ejercer su función de control sobre el Gobierno. "Puede que esto les dé tranquilidad en época festiva, pero impide abordar los problemas cotidianos de la ciudadanía", aseveró.

En su intervención, Moreno subrayó que los presupuestos "no se ajustan a las verdaderas necesidades de los riojanos", cuestionando el enfoque del PP, que parece alejado de la realidad diaria de la población, y criticando sus "anuncios vacíos".

"Si para el PP nuestras enmiendas son ideológicas, ¿no es ideológico eliminar listas de espera?" planteó, subrayando la importancia de garantizar el acceso a vivienda para los jóvenes y no solo para quienes pueden costearse una vivienda propia.

Carlos Ollero, de IU, se unió a las críticas, señalando que estos presupuestos son "programas aislados" que no abordan el verdadero problema del aumento del coste de la vivienda.

En contraste, el portavoz de Vox, Ángel Alda, describió este presupuesto como el "peor de los últimos tres años", tildando a PP de "estafa" y pidiendo una drástica reducción del gasto improductivo, incluyendo la eliminación de entidades como el IRVI.

Alda argumentó que es necesario derogar la Ley de Memoria Democrática y apoyar las tradiciones con financiación a entidades como el Club Taurino, mientras abogó por eliminar subvenciones a los sindicatos.

En esta línea, Hector Alacid, también de Vox, cuestionó la utilidad de iniciativas como La Rioja 360 para los productores en crisis.

Alda afirmó que los recursos públicos deben destinarse a prioridades reales y apoyó un aumento de garantías para empresas, advirtiendo que "La Rioja no avanza como debería".

Por su parte, el socialista Miguel González de Legarra defendió que los presupuestos son más que cifras, son una elección sobre cómo cuidar a la comunidad. Las 141 enmiendas del PSOE, resaltó, buscaban hacer los presupuestos más equitativos y responsables.

González abogó por un modelo de sanidad pública robusto, resaltando la necesidad de 21 millones adicionales para el sector en lugar de recortes, y denunció la falta de previsión para incrementar salarios y personal en el sistema sanitario público.

En el terreno educativo, Teresa Villuendas, del PSOE, advirtió que el presupuesto asigna 76 millones de euros a convenios con la educación privada, lo que rompe el equilibrio entre lo público y lo privado.

María Somalo, otra diputada socialista, hizo eco de la necesidad de más recursos para un centro terapéutico de menores ante un sistema desbordado y subrayó que La Rioja es la comunidad con menor inversión en justicia gratuita.

Al cierre del debate, Cristina Maiso destacó que los nuevos presupuestos son "los más sociales que La Rioja haya tenido", con siete de cada diez euros destinados a políticas sociales y un alivio fiscal considerable.

Sobre las enmiendas de oposición, Maiso opinó que no presentan contribuciones innovadoras al proyecto presupuestario y que su aceptación podría llevar a un retroceso, algo que los riojanos rechazaron en las elecciones recientes.

En la sesión también se aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que igualmente fue objeto de rechazo a las enmiendas de los grupos opositores, bajo la misma mayoría del Partido Popular.

Desde el grupo de Podemos-IU, se pidió la eliminación de medidas consideradas neoliberales, como la deflactación automática y las reducciones engañosas en el Impuesto de Sucesiones, además de la instauración de impuestos para grandes superficies y viviendas turísticas.

Hector Alacid, de Vox, se alineó con la idea de que la igualdad ante la ley debe ser una prioridad nacional, exigiendo un cumplimiento cabal.

La socialista Sara Orradre criticó al PP por no aceptar ninguna enmienda, acusándolos de socavar la participación ciudadana con intentos de modificar la Ley de Igualdad.

Por su lado, Carlos Cuevas, del PP, elogió la eliminación de la "sobreprotección del lobo" y resaltó un ahorro fiscal generalizado de 220 millones de euros para los ciudadanos de La Rioja.

Se introdujo una enmienda del PP, que ofrecerá una deducción de 250 euros a personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, además de bonificaciones para la caza y un recorte significativo en tarifas para cazar jabalíes mientras persista la amenaza de la peste porcina africana en España.