LOGROÑO, 23 Nov. - En un llamado claro a la responsabilidad, el partido regionalista Por La Rioja ha solicitado una rendición de cuentas al Gobierno regional tras descubrir que una alarmante proporción de autobuses escolares ha sido sancionada por irregularidades en su funcionamiento. Según los datos revelados, casi el 40% de estos vehículos han sido objeto de multas por diversas infracciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en el transporte escolar en la comunidad.

Mediante un comunicado, la secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, ha enfatizado que este hecho muestra una «falla inaceptable en la supervisión y control del transporte escolar» en la región. Al revisar un total de 72 autobuses, se encontraron irregularidades en 29 de ellos, lo que contrasta de manera preocupante con las normativas de seguridad establecidas.

Soriano ha expresado su indignación ante el hecho de que «casi la mitad de los autobuses que transportan a nuestros hijos no cumplan con las normativas que son esenciales para proteger sus vidas». La líder regionalista subraya la necesidad de que este servicio público se supervise de manera continua y no sólo a través de inspecciones ocasionales.

En su intervención, también ha destacado las múltiples infracciones detectadas en esta inspección, que abarcan desde la carencia de autorizaciones específicas hasta la falta de señalización adecuada, así como el incumplimiento de las reglas sobre tiempos de conducción y descanso, y deficiencias en las pólizas de seguros que cubren la seguridad de los menores durante su transporte.

«Es imperativo que se proporcionen respuestas claras y detalladas a la ciudadanía. En Por La Rioja, abogamos por el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente cuando se trata de la seguridad de nuestros menores, que deben ser objeto de supervisión regular», añadió Soriano enfática.

Ante esta situación, el partido regionalista ha exigido al Gobierno de González Capellán que clarifique de manera urgente los protocolos de supervisión existentes, la frecuencia de su aplicación, y qué medidas se tomarán para asegurar que el transporte escolar sea seguro y cumpla con la normativa. Asimismo, demandan una explicación sobre posibles sanciones a las empresas involucradas y el establecimiento de mecanismos preventivos en futuros contratos de transporte escolar.