Logroño, 30 de diciembre. En una reciente operación, la Policía Local de Logroño tomó cartas en el asunto y ha denunciado a tres comercios de la ciudad por la venta ilegal de productos pirotécnicos de alta potencia (categoría F2) a menores de 11 años, infringiendo la normativa que prohíbe explícitamente esta práctica.

La clasificación de artículos pirotécnicos es esencial para garantizar la seguridad pública. La categoría F1 abarca productos de menor riesgo, como bengalas, mientras que la categoría F2 incluye elementos más peligrosos, como petardos y truenos, que requieren una gestión rigurosa para su comercialización.

Los efectivos policiales no solo han emitido las denuncias pertinentes, sino que también han confiscado los artículos pirotécnicos que fueron vendidos de manera inadecuada. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para proteger a la comunidad, impulsado por varias denuncias ciudadanas sobre el uso imprudente de pirotecnia por parte de niños en áreas públicas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de otros usuarios de estos espacios.

La Policía Local enfatiza la importancia de seguir de manera estricta las normativas tanto municipales como nacionales relativas a la venta y uso de artículos pirotécnicos. De acuerdo con estos reglamentos, la venta de productos de categoría F2 está restringida a personas mayores de 16 años.

Asimismo, la comercialización de artículos pirotécnicos de mayor riesgo exige obtener una autorización previa por parte de la Delegación del Gobierno, lo cual garantiza que solo se distribuyan en establecimientos debidamente autorizados. Actualmente, solo hay dos locales en Logroño que cumplen con esta normativa y están ubicados en un polígono industrial.

Con respecto a su uso, la normativa municipal correspondiente prohíbe de manera contundente la utilización de petardos, cohetes y otros dispositivos en espacios públicos sin la debida autorización, incluyendo calles, plazas y áreas verdes. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones, que van desde multas económicas hasta la confiscación de los materiales pirotécnicos involucrados.