Villuendas (PSOE) asegura que La Rioja rechaza fondos para la FP destinados a plazas públicas
El Gobierno de La Rioja ha rechazado fondos estatales para la Formación Profesional, provocando críticas por desviar recursos públicos a centros concertados, según la diputada socialista Teresa Villuendas.
En una rueda de prensa, Villuendas destacó que estos fondos destinados a crear plazas de formación profesional públicas fueron rechazados por el Gobierno regional.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, informó que La Rioja y Baleares han decidido no participar en esta iniciativa, a pesar de la aprobación de una partida de 130 millones de euros por parte del Consejo de Ministros.
La diputada criticó al Gobierno por su falta de ambición y su justificación de renunciar a estos fondos por supuesta responsabilidad.
Además, señaló que existe una intención de desviar fondos públicos hacia la financiación de la Formación Profesional en centros concertados.
Este rechazo a los fondos estatales se da en el contexto de la puesta en marcha de una nueva Ley de Formación Profesional, a la que la Consejería de Educación de La Rioja está obstaculizando su desarrollo, según Villuendas.
Además, el Gobierno central ha aprobado una inversión de treinta millones de euros para el ciclo de cero a tres años, tras la devolución de fondos por parte de Andalucía.
Esta distribución de fondos beneficia a comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, excluyendo a La Rioja.
Ante esta situación, Villuendas denunció que se trata de la hoja de ruta del PP, que favorece la creación de plazas en centros educativos privados para luego concertarlas, perjudicando al sistema educativo público.
La diputada criticó también el inicio del curso escolar, señalando errores en los nombramientos del profesorado interino y el alto precio del comedor escolar, que impactará a familias con dificultades económicas.
En resumen, Villuendas destacó que el Gobierno de La Rioja está tomando decisiones que perjudican al sistema educativo público y a las familias, sin priorizar la justicia social.