Juicio contra banda que explotó a mujeres nicaragüenses queda aplazado hasta 2027.

LOGROÑO, 25 de marzo. La audiencia programada para este miércoles en la que se juzgaría a siete individuos implicados en una supuesta red delictiva que traía a ciudadanos nicaragüenses bajo la falsa promesa de empleos en el cuidado de personas mayores, ha sido pospuesta debido a la falta de acuerdo entre las partes involucradas.

Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la suspensión busca facilitar un diálogo que permita llegar a un entendimiento satisfactorio para ambas partes. La próxima sesión del juicio está fijada para febrero de 2027.

El caso, que debía ser abordado por la Audiencia Provincial, incluye acusaciones por parte del Ministerio Fiscal contra cuatro de los imputados por delitos de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a una organización criminal. Dos de ellos enfrentan además cargos por blanqueo de capitales, y otro es acusado únicamente por coacciones.

Según el relato del escrito de acusación, las actividades delictivas iniciaron con dos hermanas nicaragüenses, una residente en Alfaro y la otra en Huesca, que rápidamente se percataron de la elevada demanda de trabajadores en el sector del cuidado a mayores en España. Ante la situación precaria que enfrentaban muchas personas en su lugar de origen, comenzaron a recibir constantes solicitudes de compatriotas deseosos de emigrar a España en busca de mejores oportunidades.

Con el objetivo de obtener beneficios económicos, las hermanas crearon una estructura donde reclutaban mujeres interesadas en viajar a España, prometiéndoles mantenimiento del viaje y perspectivas laborales. Para ello, establecieron un canal de comunicación con familiares en Nicaragua, principalmente con su madre, para gestionar estas solicitudes de manera efectiva.

La propuesta era tentadora e incluía la organización integral del viaje, desde la compra de boletos hasta la recepción en el aeropuerto, garantizando una entrada sin inconvenientes a territorio español. Además, si era necesario, proporcionaban una suma de dinero (alrededor de mil euros) para dar la impresión de que las interesadas contaban con suficientes recursos para justificar su visita turística, realizando incluso reservas de alojamiento que nunca se utilizarían.

Al llegar a España, las mujeres eran alojadas en domicilios en Alfaro y Huesca, y luego eran puestas en contacto con potenciales empleadores en el sector del hogar. Se les indicaba que este conjunto de servicios tendría un costo que debía regresarse, aunque las tarifas no quedaban claras, y las víctimas, aliviadas por la asistencia en los trámites, aceptaban la oferta.

Sintiéndose presionadas por la necesidad de mejorar sus circunstancias, las mujeres se encontraban en una situación de vulnerabilidad que les dificultaba rechazar las condiciones que les imponían. Las acusadas, al ser conscientes del precario estado de sus compatriotas, las mantenían en una situación de ilegalidad que las ponía en una posición de completa dependencia.

Una vez en territorio español, les retiraban el efectivo que se les había proporcionado inicialmente para simular solvencia y luego empezaban a cobrarles una exorbitante deuda que oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros por diversos gastos como gestión, vuelo, estancia y servicios relacionados. Este cobro era llevado a cabo con métodos coactivos, aprovechándose de la situación vulnerable de las víctimas.

El Ministerio Fiscal ha señalado que la figura clave en esta organización criminal era F.D.C., a quien se le imputa varios delitos, asistida por su esposo, S.A.C., quien enfrenta cargos similares. La fiscalía solicita a F.D.C. una condena de seis años de prisión y una multa de 40.000 euros, mientras que al cónyuge le piden cinco años y nueve meses, además de la misma pena económica.

La hermana de Huesca, Z.M.T, enfrenta cargos similares y la fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel, así como a su esposo, F.J.G. Otra hermana, L.M.T, apenas acusa por coacciones y se enfrenta a seis meses de prisión por colaborar en la recolección de la deuda. Esta "intermediación abusiva" se habría llevado a cabo de manera habitual desde al menos 2016, generando beneficios económicos extraordinarios que no podían justificarse con actividades legales.

Además, el 30 de julio de 2019, Z.M.T. fue arrestada 'in fraganti' en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid mientras regresaba de Nicaragua con tres mujeres a las que había trasladado. En registros posteriores, la policía encontró evidencia documental de esta actividad delictiva, incluyendo un cuaderno que contenía anotaciones de las cantidades que exigían a las víctimas, poniendo de manifiesto la magnitud de sus operaciones.

El esquema delictivo que abarcaba desde la introducción ilegal de mujeres en España hasta la generación de deuda abusiva ha afectado a numerosas víctimas, con al menos 26 mujeres identificadas durante la investigación gracias a la colaboración de las autoridades.