PP y Vox exigen a la ministra que atienda las necesidades del personal de salud.

LOGROÑO, 26 Mar.

El Parlamento de La Rioja ha tomado una decisión importante al aprobar una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que ha recibido el apoyo de Vox. Esta iniciativa solicita a la ministra de Sanidad, Mónica García, que implemente una "escucha activa" para abordar los problemas que enfrentan los profesionales de la salud.

La propuesta no ha convencido al Grupo Socialista ni al Grupo Podemos-IU, quienes la consideran poco creíble. La solicitud central es la de "consensuar un nuevo Estatuto Marco" que regule las condiciones para los trabajadores del sistema sanitario.

El portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, ha criticado a la ministra García, acusándola de "negligencia" que ha llevado a consecuencias desfavorables en la atención sanitaria. Según ella, la reciente huelga de médicos en la región ha resultado en el colapso del sistema, con miles de consultas y operaciones canceladas.

Maiso enfatizó que la dilación en abordar estos problemas está afectando gravemente al sistema de salud, resultando en una creciente lista de espera y efectos adversos en el ámbito económico.

El apoyo de Vox a esta proposición ha venido acompañado de críticas a su alcance. Héctor Alacid, representante de Vox, advirtió que la propuesta se queda "corta" al no exigir un estatuto propio para los médicos, lo que considera una omisión importante.

Desde la oposición, tanto el PSOE como Podemos-IU han recordado que ya existen acuerdos con otras profesiones sanitarias, salvo con los médicos, lo que cuestiona la legitimidad de la nueva proposición. El diputado de IU, Carlos Ollero, ha destacado que esta iniciativa podría desvirtuar los logros alcanzados por la ministra en negociaciones con otros sectores del personal sanitario.

Para Alacid, la propuesta carece de ambición al intentar satisfacer a todos, mientras que los profesionales de la salud demandan un marco regulador exclusivo para su profesión.

El socialista Miguel González de Legarra ha advertido sobre la peligrosidad de fundamentar el sistema de salud en base a un único colectivo y ha defendido las negociaciones que impulsa el Gobierno de España para establecer un nuevo Estatuto Marco adecuado.

Asimismo, ha señalado que muchos de los problemas que se enfrentan son de competencia autonómica, incitando a preguntarse sobre las acciones del Gobierno de La Rioja en este ámbito.

Con la aprobación de la proposición no de ley, el Parlamento instó al Gobierno regional a coordinarse con el Gobierno de España para trabajar en conjunto con los representantes del sector sanitario. La intención es fomentar un diálogo real y efectivo que logre desactivar la tensión existente y buscar un consenso que beneficie a todos los implicados mediante un nuevo Estatuto Marco.

El objetivo es establecer una comunicación abierta y demostrar la disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades actuales y futuras del sector sanitario.

Además, se busca fundamentar cualquier modificación del estatuto marco con datos técnicos, jurídicos y económicos que aseguren una implementación efectiva y adecuada de las reformas necesarias.

Una de las propuestas incluye la creación de un sistema de financiación autonómica que contemple un apartado específico para la sanidad, asegurando así los recursos suficientes para proporcionar una atención de calidad y equitativa en todo el Sistema Nacional de Salud.

Se plantea también la creación de una mesa de diálogo que reconozca la singularidad y formación de los médicos, integrando esta consideración en el nuevo estatuto.

Finalmente, es crucial establecer una clasificación profesional que valore adecuadamente la capacitación y responsabilidades de los médicos, y desarrollar un modelo de planificación de recursos humanos que se adapte a las cambiantes necesidades del sistema, especialmente en Atención Primaria, que actualmente sufre de un déficit significativo de especialistas.

La propuesta incluye aumentar la plantilla de médicos en un 15% para mejorar las condiciones laborales, así como garantizar un crecimiento sostenido en la oferta de plazas MIR que responda a las necesidades del sistema de salud, evitando el caos en las evaluaciones del presente año.

También se mencionan medidas para flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades que más presión sufren, como medicina familiar y pediatría.