LOGROÑO, 11 de noviembre.

Recientemente, el Boletín Oficial de La Rioja y el Boletín Oficial del Estado han hecho público el acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja. El objetivo es abordar y resolver las posibles discrepancias relacionadas con la Ley 5/2025, asociada a Medidas Fiscales de Apoyo al Medio Rural, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.

Esta legislación, que fue aprobada por el Parlamento de La Rioja el 17 de julio, establece por primera vez un marco fiscal que busca reducir impuestos en el sector agrario, un pilar esencial que sostiene la economía de la comunidad autónoma.

El Gobierno de La Rioja ha manifestado su firme compromiso con la sostenibilidad del sector agrícola y la necesidad de facilitar el relevo generacional, impulsando así la permanencia de la población en las áreas rurales y evitando el despoblamiento de los municipios.

En el contexto de sus competencias normativas, el Ejecutivo regional ha implementado diferentes medidas que buscan aliviar la carga fiscal sobre actividades, rentas y transacciones relacionadas con la agricultura, con el fin de contribuir a la protección y sostenibilidad del sector.

La Comisión Bilateral tiene la misión de esclarecer cualquier inquietud acerca del artículo único que modifica la Ley 10/2017, que regula las disposiciones legales sobre impuestos propios y tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La nueva normativa presenta un conjunto diverso de incentivos fiscales orientados a reactivar la actividad en el medio rural, especialmente en aquellos municipios que cuentan con menos de 30.000 habitantes.

Una de las modificaciones más destacadas incluye la introducción de una deducción en el tramo autonómico del IRPF, a favor de los nuevos agricultores que establezcan su negocio en cualquier punto de La Rioja. Esto les permitirá disfrutar de una deducción de 1.000 euros durante el año de alta y los dos años siguientes, lo que se traduce en un ahorro global aproximado de 450.000 euros anuales.

Igualmente, esta medida se extenderá a las herencias y donaciones de terrenos agrícolas, ya que se establece una reducción del 99% en su valoración, un beneficio que anteriormente se aplicaba solo a las explotaciones agrarias.

La normativa también amplía el alcance de los grupos de parentesco beneficiados, abarcando hasta el cuarto grado de parentesco por afinidad, lo que incluye a familiares políticos, además de los consanguíneos que ya estaban incluidos.

Además, en las transacciones de compra-venta entre profesionales del sector agrícola, se aplicará un tipo impositivo muy reducido del 2% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, que anteriormente alcanzaba el 7%. Junto a esto, se eliminará el impuesto de arrendamientos, todo ello con la intención de facilitar la continuidad de las explotaciones y fomentar el relevo generacional en el sector.

Por último, estas medidas se complementan con una deducción de 100 euros en el IRPF por las cuotas y las inscripciones a organizaciones profesionales agrarias, lo que se traduce en un ahorro de 517.000 euros.