LOGROÑO, 3 de diciembre. La exalcaldesa de Clavijo se encuentra en el centro de un escándalo tras admitir su responsabilidad en un grave caso de fraude relacionado con la plantación ilegal de viñedos. En un acuerdo judicial, ha aceptado una inhabilitación de seis meses y una multa de novecientos euros, así como la participación de dos agricultores en la misma trama delictiva.

Según el Tribunal Superior de Justicia, un acuerdo se logró durante el juicio programado para hoy en la Audiencia Provincial, donde se discutieron las pruebas de la conjura para falsificar documentos que permitieron realizar la plantación de viñedo de manera irregular.

Los tres implicados, incluidos los dos agricultores, han admitido haber colaborado en la creación y presentación de documentos falsos, que reflejaban una supuesta disponibilidad de terrenos agrícolas para la instalación de viñedos. Esta maniobra les permitió obtener permisos para cultivar en una extensión superior a 20 hectáreas, con un valor estimado entre 360.000 y 540.000 euros, a expensas de otros solicitantes con derechos legítimos.

Gracias a la atenuante por dilaciones indebidas aplicada por el Ministerio Público, los acusados decidieron aceptar las condenas impuestas. Los eventos que desembocaron en este acuerdo se remontan a 2017.

Por su parte, los dos agricultores recibirán condenas de diez meses y quince días de prisión, que han sido suspendidas por un periodo de dos años, debido al delito continuado de falsificación de documentos. Además, ellos también deberán abonar una multa de novecientos euros. En cuanto a la exalcaldesa, esta ha reconocido su culpabilidad en la falsificación deliberada, lo que le acarreará una suspensión de su cargo público durante seis meses.

De acuerdo con el informe del fiscal, el acusado R. L., en colaboración con su hermano, alteró contratos previos relacionados con parcelas del municipio. Para ello, introdujeron superficies ficticias y generaron anexos contractuales que engañaron a la Administración, haciéndole creer que disponían de hasta 174 hectáreas de terreno.

Asimismo, la exalcaldesa emitió un informe oficial que sustentaba la existencia de ARRENDAMIENTOS falsos a una empresa, a pesar de saber que dicha información era incorrecta. Este informe fue clave para eludir los requerimientos administrativos y dar una fachada de legalidad a sus solicitudes de permisos para viñedos.

El entramado se complicó aún más con la presentación de un contrato simulado, datado en 2015, durante un procedimiento que ya estaba siendo revisado debido a sus irregularidades. Este contrato, que evidenciaba un arrendamiento que nunca existió, fue firmado por la exalcaldesa y M. L. en nombre de la mercantil, e incluía cláusulas diseñadas para encubrir la falta de pagos reales a lo largo de varios años.

El fiscal enfatiza que este contrato nunca fue declarado ante la Agencia Tributaria, lo que pone de manifiesto su naturaleza fraudulenta y el uso de artimañas para encubrir un delito que perjudica a la comunidad agrícola en su conjunto.