La reciente iniciativa de ayudas impulsada por el Gobierno de La Rioja busca respaldar a los viticultores locales, destinando una inversión de 5,5 millones de euros que beneficiará a casi mil solicitantes, cubriendo un total de 1.468 hectáreas de viñedos. Este esfuerzo llega en un contexto donde la comercialización de uvas se ha vuelto complicada para muchos productores.

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, anunció esta medida en una rueda de prensa celebrada el viernes, destacando que la nueva regulación de ayudas ha sido publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Esta acción subraya el compromiso del gobierno regional por ofrecer apoyo financiero similar al de años anteriores, con el objetivo de mitigar las dificultades económicas que enfrentan los viticultores este año.

La normativa busca beneficiar específicamente a los viticultores profesionales con fincas que cumplan ciertos requisitos, permitiéndoles acceder a ayudas directas en un entorno competitivo. Las condiciones estipulan que solo se concederán apoyos a aquellos que no hayan recibido ayudas previas por las mismas parcelas, a menos que se justifique un incumplimiento o renuncia.

El presupuesto para estas ayudas se ha elaborado como respuesta a los desafíos que muchos viticultores están enfrentando en 2025. Se estima que alrededor de 984 agricultores podrán recibir la financiación necesaria para hacer frente a la escasez de compradores, ayudando a estabilizar su situación financiera a través de una subvención fijada en 3.755,43 euros por hectárea de viñedo registrado.

Los potenciales beneficiarios de este programa son viticultores y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) que tengan su sede fiscal en La Rioja y cuenten con viñas registradas antes del 1 de abril. Estas parcelas deben estar en buenas condiciones y no haber sido cosechadas antes de las evaluaciones que se llevarán a cabo para verificar su estado.

Además, en caso de que un agricultor logre vender una parte de su producción, deberá informar a las autoridades y modificar su solicitud de ayuda en función de las hectáreas afectadas. Esta regulación tiene como objetivo asegurar que los beneficios se distribuyan de manera justa y equitativa.

La consejera ha enfatizado que también se establecerán dos grupos diferenciados para la concesión de ayudas. Uno de ellos se dirigirá a aquellos que estén registrados en el régimen especial de trabajadores agrarios, mientras que el segundo grupo incluirá a viticultores no profesionales. Esta distinción permitirá una mejor asignación de los recursos disponibles, asegurando que todos tengan acceso a un apoyo adecuado.

El primer grupo recibirá una cifra considerable de 1,9 millones de euros, destinada a más de 500 hectáreas de viñedo. Los restantes fondos se canalizarán hacia viticultores no profesionales que necesiten ayudas para sus viñas, principalmente de variedades como el tempranillo, con un límite de 3,5 hectáreas por solicitante.

Manzanos también destacó la importancia de mantener un seguimiento riguroso de las fincas mediante un equipo de técnicos que verificarán el estado de los cultivos y asegurarán que las uvas permanezcan en los viñedos hasta el 15 de noviembre, contribuyendo así a una mejor gestión de las ayudas.

Las autoridades han señalado que, en caso de presencia de siniestros en las parcelas, los viticultores podrán acceder a las ayudas siempre y cuando informen oportunamente a la Consejería. No obstante, el monto de la ayuda se reducirá en correspondencia a cualquier compensación asegurada que se reciba.

Para aquellos interesados en solicitarlas, el plazo se abre a partir de la publicación de la orden en el BOR y se recomienda seguir el procedimiento de manera telemática. Se prevé un proceso de evaluación de las solicitudes, seguido de la posibilidad de presentar alegaciones, garantizando así la transparencia y justicia en la asignación de fondos para este vital sector agrícola.