LOGROÑO, 17 de julio.

El Parlamento de La Rioja ha dado luz verde a la nueva Ley de Medidas Fiscales para Apoyar el Medio Rural. Sin embargo, esta decisión ha generado polémica, ya que los partidos de la oposición critican su carácter limitado, argumentando que sólo favorece a un pequeño grupo dentro del sector agroganadero y no aborda las preocupaciones que afectan a la mayoría de los agricultores. Para ellos, este proyecto es un intento superficial, que pasa por alto la realidad compleja de la agricultura en la región.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular (GPP), se ha defendido el contenido de la ley como un acto de justicia hacia un sector que enfrenta grandes retos. Aseguran que las iniciativas presentadas están orientadas a proporcionar un alivio fiscal necesario para aquellos que están sufriendo en este contexto económico adverso.

El debate, que se inició el jueves con la exposición del informe por parte del presidente de la Comisión, el socialista Ricardo Velasco, puso de manifiesto la división de opiniones. Carlos Ollero, diputado de Podemos-IU, destacó que, aunque algunos aspectos son aceptables, el proyecto sigue siendo insuficiente y no responde adecuadamente a las dificultades que enfrentan los agricultores más vulnerables.

Ollero señaló que este esfuerzo legislativo no aporta soluciones efectivas para mejorar las condiciones de estos productores, quienes actualmente atraviesan momentos críticos. Además, criticó la falta de ambición y la incoherencia entre los objetivos planteados y las medidas propuestas, que, según él, no estarán dirigidas a ayudar a quienes realmente lo necesitan.

El rechazo a las enmiendas presentadas por la oposición fue un claro indicador de la polarización en el parlamento, lo que dejó a muchos sintiéndose frustrados. Ollero subrayó que las medidas adoptadas son regresivas y no están diseñadas para beneficiar a aquellos que más necesitan un apoyo en el sector, lo que pone en duda el futuro del modelo agroganadero en la región.

En un análisis más crítico, desde Izquierda Unida apuntaron que la exposición de la ley no refleja la diversidad y complejidad del sector agroganadero, ignorando, entre otros, el impacto del cambio climático. Consideraron que lo que se había presentado era más relacionado con una estrategia de comunicación que con una verdadera solución a las problemáticas existentes.

A lo largo de la discusión, el representante de Vox, Ángel Alda, aprovechó la ocasión para responsabilizar al Gobierno central de las adversidades que enfrenta el sector. Aunque reconoció algunos avances, insistió en que las políticas actuales son insuficientes para proteger a las zonas rurales, pidiendo una acción más decidida y integral por parte del Partido Popular ante su homólogo europeo.

Alda reclamó que se implementen recursos y rebajas fiscales reales para todos los que trabajan en el campo, argumentando que el proyecto aprobado es insuficiente y no responde a la urgente necesidad de protección del entorno rural.

Desde el lado socialista, José Ángel Lacalzada fue contundente al calificar el título de la ley como engañoso, afirmando que las medidas propuestas únicamente benefician a un 12% de los involucrados en el sector. Describió el enfoque fiscal como regresivo y criticó la falta de un paquete sólido de políticas que realmente aborde las necesidades del agro riojano.

Lacalzada también destacó que los incentivos que el gobierno ofrece a los agricultores son escasos, limitando su accesibilidad a un porcentaje mínimo, lo cual es prueba de la falta de una estrategia clara.

Por último, Víctor Visairas, del GPP, defendió que el proyecto busca fortalecer el sector primario, crucial para la economía de la región. Hizo hincapié en el compromiso del actual gobierno de atender las crisis que padece el sector, anunciando inversiones significativas, pero su enfoque se vio criticado por su falta de amplitud y profundidad.

En otro tema, el Parlamento de La Rioja desestimó la moción propuesta por Podemos-Izquierda Unida que solicitaba un considerable aumento en la financiación destinada a ayuda humanitaria y a la cooperación con la población palestina, lo que volvió a evidenciar las diferencias ideológicas y la polarización que existe en el parlamento regional.