LOGROÑO, 20 de marzo.

La lucha por establecer un servicio de transporte público hacia la prisión de Logroño avanza con fuerza. El 25 de febrero, un encuentro significativo tuvo lugar entre concejales del gobierno local y representantes de 20 organizaciones sociales que abogan por este derecho fundamental, centrándose en mejorar el acceso a las instalaciones penitenciarias.

La reunión fue convocada por Leonor González Menorca, teniente de alcalde encargada de la participación ciudadana, y también asistió Ángel Andrés Royo, teniente de alcalde responsable de movilidad. Durante el encuentro, se generó un diálogo constructivo que reafirmó la necesidad de actuar en este tema, que ha sido históricamente desatendido.

El equipo de gobierno, liderado por Conrado Escobar, se comprometió a buscar una solución colaborativa con el Gobierno de La Rioja, reconociendo la urgencia de dar respuesta a esta problemática social. Cáritas, que ha sido parte activa en esta causa, comunicó este avance en un mensaje a los medios.

En un giro positivo, las organizaciones que exigen el transporte público a prisión decidieron, tras la asamblea post-reunión, retrasar las movilizaciones planeadas para marzo. Este cambio es un indicio de la renovada disposición del Ayuntamiento para enfrentar sus obligaciones, a pesar de que previamente había mostrado resistencia a considerar este servicio como parte de su responsabilidad.

El recinto penitenciario está ubicado dentro del término municipal de Logroño, lo que subraya la responsabilidad del Ayuntamiento en garantizar el acceso al mismo, tal como lo dictan las normativas y se ha señalado en informes del Defensor del Pueblo. En este contexto, las autoridades y los activistas identificaron una oportunidad para avanzar en soluciones prácticas, especialmente en virtud de las obras recientes en la zona de Entre Ríos.

Entre las propuestas discutidas, se incluye la posibilidad de utilizar una lanzadera recientemente habilitada entre Entre Ríos y el centro de Logroño, así como establecer paradas en la nueva rotonda cercana a la prisión en alguna de las rutas de transporte interurbano que operan en la ciudad.

Se afirmó que cualquier solución requeriría coordinar esfuerzos con diversas administraciones, y tanto González como Royo se comprometieron a iniciar las gestiones necesarias para facilitar este proceso.

Otras ideas también fueron consideradas, como ofrecer subvenciones para el transporte en taxi para quienes necesiten desplazarse a diario a la prisión, un servicio que ya se implementa para la cárcel de Pamplona.

Las organizaciones que han luchado por esta causa esperan recibir, en un par de semanas, noticias del Ayuntamiento sobre los avances relacionados con las gestiones acordadas. Sin embargo, advirtieron que continuarán vigilantes y que, si no hay respuesta efectiva o si se produce un retroceso en las negociaciones, están decididas a reactivar sus movilizaciones, reafirmando que el acceso al transporte público hacia la prisión es un derecho esencial para quienes deben visitar a sus seres queridos o cumplir con obligaciones laborales y legales.

Entre las entidades involucradas en esta causa se encuentran A.R.A.D., Cáritas Diocesana de La Rioja, el C.S.O.A. La Puerta Gótika, Pastoral Penitenciaria, Plena Inclusión, y varias asociaciones vecinales como Madre de Dios y San José. También están presentes sindicatos como CCOO, CGT y CNT La Rioja, así como organismos profesionales y otras asociaciones que apoyan esta importante causa en favor de los derechos humanos.