Un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción en el ámbito de la obra pública ha sido desencadenado por órdenes del juez del Tribunal Supremo, quien ha accedido a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para realizar registros en los domicilios de varios empresarios. Estos registros, que involucran a cinco hombres de negocios no investigados hasta el momento, están relacionados con el caso del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Las autoridades han apuntado a irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas que habrían beneficiado a importantes constructoras como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos contratos estarían vinculados a proyectos distribuidos a lo largo de varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Asturias y Cataluña, según el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Fiscalía se ha movilizado tras detectar en audios decomisados a Koldo, que fueron analizados después de su detención, conversaciones en las que se discuten posibles pagos a cambio de contratos de obra. Estos diálogos implican, además de a Koldo y Ábalos, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, generando un entorno de creciente preocupación sobre la transparencia de las adjudicaciones públicas.

Entre los empresarios suscribidos en la investigación se encuentra un exalto cargo de Acciona, cuya influencia se sugiere como un factor determinante en la obtención de contratos sospechosos. Según el informe de Anticorrupción, se ha constatado que este individuo podría haber utilizado su relación con Koldo para favorecer a la constructora en cuestión.

Las grabaciones revelan que el empresario en cuestión ha facilitado información sobre proyectos de interés para Acciona, lo que a su vez podría haber derivado en pagos a los involucrados. Los documentos también indican que el contacto entre Koldo y este empresario se remonta al año 2015, lo que implica un patrón de interacción que llama la atención de las autoridades.

Además, el juez ha requerido a Acciona la entrega de correos electrónicos relacionados con el exdirector mencionado. Se busca esclarecer el vínculo entre el desarrollo de cinco obras adjudicadas a la empresa, que suma más de 537 millones de euros, y las presuntas irregularidades cometidas a lo largo del proceso de licitación.

Acciona ha emitido un comunicado expresando su desconcierto ante las acusaciones y afirmando que no tenía conocimiento de la situación que rodeaba a Merino, quien fue despedido en 2021. La empresa se ha comprometido a colaborar en la investigación y a tomar medidas legales si se confirman comportamientos ilícitos.

Por otro lado, la UCO ha identificado un patrón de comportamiento que sugiere que ciertos empresarios podrían haber realizado pagos indebidos a Koldo y Ábalos, utilizando sus negocios como fachada. De hecho, se han encontrado mensajes que indican una relación cercana entre ellos, así como la designación de apelativos que reflejan una complicidad en sus comunicaciones.

El magistrado ha autorizado también el registro del domicilio de Alonso Egurrola, otro empresario implicado que, según las pruebas recolectadas, pudo haber contribuido a la obtención de contratos a cambio de beneficios. La UCO tiene bajo la lupa una serie de conexiones entre Egurrola y otros personajes clave en el contexto de la adjudicación de obras públicas, lo que pone de manifiesto un posible entramado de corrupción.

Aunque algunos de los implicados intentaron desligarse de las acusaciones alegando falta de pruebas, los registros y la recopilación de datos por parte de las autoridades continúan en un esfuerzo por desentrañar la red de corrupción que se presenta como una oscura sombra sobre el ámbito de las obras públicas en el país.

Por último, el juez ha instado a examinar con profundidad las interacciones entre empresarios y políticos, dado que la corrupción en la adjudicación de proyectos es un fenómeno que perjudica la confianza pública y el uso adecuado de recursos destinados al bienestar de la ciudadanía.