LOGROÑO, 17 de noviembre. En una reciente decisión histórica, el Tribunal Constitucional ha amparado los derechos de Raquel Romero, quien se desempeñó como consejera de Igualdad entre 2019 y 2023, al afirmar que su expulsión del Grupo Mixto fue inapropiada. La resolución, difundida por 'eldiario.es' en La Rioja, anula la determinación del Parlamento que había reclasificado a Romero como diputada no adscrita tras su baja de Podemos, el partido que lideró en las elecciones autonómicas de 2019.

Los magistrados han reiterado un principio clave que ya había sido destacado en el caso de Teresa Rodríguez y otros diputados expulsados de Adelante Andalucía: la confusión entre un partido político y un grupo parlamentario no puede ser utilizada como justificación para decisiones de este tipo.

En 2019, Romero lideró una lista conjunta de Podemos, Equo e Izquierda Unida que logró representación en el Parlamento de La Rioja con dos diputadas, ella y Henar Moreno. Sin embargo, la relación entre Romero y Podemos se deterioró rápidamente, hasta el punto de que su salida del partido desató la dimisión de varios miembros importantes de la formación en la región. A pesar de esto, fue nombrada consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y, junto a Moreno, pasó a integrar el grupo mixto en la asamblea regional.

A pesar de su nombramiento, en marzo de 2022, Podemos expulsó a Romero tras acusarla de negarse a contribuir con parte de su salario al partido. Posteriormente, la Mesa del Parlamento decidió excluirla del grupo mixto, dejándola en una situación de diputada no adscrita, lo que le acarreó la pérdida de ciertos derechos como el acceso a asesores y recursos parlamentarios.

Romero se retiró de la política en 2023 al anunciar que no se presentaría a nuevas elecciones. No obstante, ya había presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional, que ha fallado a su favor, subrayando que el hecho de ser considerada diputada no adscrita afectó de manera injusta su derecho a ejercer un cargo público, aunque este fallo no tiene efectos inmediatos, dado que la legislatura concluyó hace más de dos años.