LOGROÑO, 5 de diciembre.

La Guardia Civil de La Rioja ha llevado a cabo una operación que resultó en la recuperación de tres teléfonos iPhone, modelos 16 y 16 Pro, que fueron robados en el puerto de Ceuta, con un valor total de más de 2.900 euros. Este operativo fue posible gracias a la colaboración entre diversas organizaciones y al trabajo del Grupo de Investigación de Logroño, quienes se hicieron eco de una denuncia presentada previamente a la Policía Nacional en Ceuta.

En el curso de la investigación, las autoridades interrogaron a tres miembros de una misma familia en Logroño -dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 18 y 44 años- con el fin de esclarecer su posible participación en un delito de receptación. Este caso destaca un problema creciente relacionado con la compra de productos robados en el mercado de segunda mano.

Un papel fundamental en la resolución de este caso lo desempeñó una tienda de segunda mano que alertó a la Guardia Civil tras la compra de un iPhone por parte de una cliente de Madrid. Al activar el dispositivo, la compradora se percató de un mensaje de seguridad que indicaba que el teléfono había sido marcado como robado.

Con la correspondiente denuncia interpuesta en la sede de la Guardia Civil en Las Rozas, Madrid, las autoridades enviaron el caso al Grupo de Investigación de Logroño, que se encargó de llevar adelante las indagaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Los agentes confirmaron que el dispositivo recuperado había sido efectivamente denunciado como robado en Ceuta, lo que llevó a solicitar más información a la comisaría local y confirmar la denuncia de otros cinco teléfonos que habían sido sustraídos de un camión estacionado en el puerto.

La investigación permitió descubrir que de los seis móviles robados, cuatro habían sido activados por integrantes de la misma familia. Así, la Guardia Civil continuó con las pesquisas, logrando la recuperación de otros dos dispositivos robados. Sin embargo, uno de los teléfonos sigue sin ser localizado.

La operación ha evidenciado que los implicados estaban al tanto de la procedencia ilícita de los dispositivos, ya que los adquirían a un precio notablemente inferior al correspondiente a su valor de mercado, alrededor de la mitad de lo que valen normalmente. Las pruebas obtenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial para que se tomen las medidas adecuadas.