El pasado 17 de julio, el Parlamento de La Rioja vivió una jornada decisiva con la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Hacendísticas, Presupuestarias, Tributarias y Administrativas, conocido como Ley Ómnibus. Este ambicioso proyecto, respaldado principalmente por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), implica modificaciones a un total de 14 leyes. Una vez que se formalice el texto definitivo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y será enviado al presidente del Gobierno.

La oposición, a pesar de reconocer ciertos aspectos positivos de la ley, ha expresado su descontento con el procedimiento utilizado por el Gobierno de Gonzalo Capellán. Las críticas se centran principalmente en lo que consideran una falta de claridad y una improvisación en el enfoque legislativo, al describir este proyecto como un “cajón de sastre” en el que se agrupan temas dispares.

Respecto a las enmiendas presentadas, solo cuatro de las propuestas del grupo de IU-Podemos han sido aceptadas, mientras que las del PSOE y VOX fueron rechazadas en su totalidad. Este hecho ha generado un clima de confrontación en el debate, donde las diferencias ideológicas han quedado patentes.

Durante la defensa de la ley, la portavoz del PP, Cristina Maiso, destacó los beneficios que se esperan obtener, como facilitar el acceso a la vivienda para los riojanos, simplificar trámites urbanísticos en pequeñas localidades, así como fortalecer la protección de los profesionales sanitarios. Además, se buscará mejorar la Ley de Accesibilidad y reformar la Ley de Policías Locales, según ha afirmado Maiso.

La Ley Ómnibus, como herramienta legislativa, tiene como objetivo la agrupación de diversas medidas en un solo proyecto; sin embargo, muchos en la oposición criticaron esta técnica, argumentando que no es la manera adecuada de legislar. Durante el debate, la diputada de IU, Henar Moreno, enfatizó la falta de expertos consultados y la urgencia aplicada al proceso legislativo, considerándola injustificada por el PP.

Moreno subrayó que las modificaciones propuestas son dispares y carecen de conexión entre sí, y acusó al Gobierno de perpetuar políticas de austeridad. Sin embargo, reafirmó su apoyo a algunas iniciativas, como la historia social única, que considera beneficiosas.

Vox también se manifestó en contra de esta Ley Ómnibus. El diputado Ángel Alda remarcó que la tramitación ha sido deficiente, subrayando que las modificaciones son confusas y que la falta de comparecencias de expertos ha restado legitimidad al proceso. A pesar de esto, también reconoció que algunas de las propuestas eran positivas, como las relacionadas con la protección de los sanitarios.

Por su parte, la diputada del PSOE, Sara Orradre, se unió a las críticas y lamentó que sus enmiendas no hayan sido consideradas. Reprochó al GPP su repetido uso de la Ley Ómnibus, a la que se refiere como una forma expeditiva y poco reflexiva de legislar, que omite el respeto debido a un proceso legislativo con debates más profundos y abiertos a la revisión.

Defendiendo su posición, Cristina Maiso reiteró que el proyecto es beneficioso para la población riojana y que se ha diseñado dentro de los límites legales establecidos. Afirmó que esta ley busca agilizar y asegurar que las modificaciones sean más eficientes. La diputada enfatizó que se han respetado los derechos de los diputados en el proceso, argumentando la transversabilidad de las normas propuestas.

Así, el Parlamento de La Rioja da un paso significativo con esta Ley Ómnibus, un proceso que ha desatado un intenso debate sobre la manera de legislar y la importancia de una comisión participativa que incluya a diversos actores en su tramitación.