LOGROÑO, 14 de marzo. En una emotiva manifestación llevada a cabo hoy frente a la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, miles de personas han rendido homenaje a Belén, la trabajadora social quien, según informes, fue asesinada esta semana por tres menores de un centro de acogida en Badajoz.

La movilización fue organizada por varios sindicatos, incluyendo CCOO, UGT y USO, junto con los Colegios Profesionales de Educadores Sociales y Trabajadores Sociales de La Rioja, quienes se unieron para exigir mejoras urgentes en el sector.

Los participantes alzaron su voz no solo en memoria de Belén, sino también para reclamar a las autoridades una mayor inversión en recursos humanos y de seguridad, así como la implementación de nuevos protocolos que garanticen la protección de los profesionales y eviten futuras agresiones en un ámbito que a menudo se considera "el gran olvidado".

Portando pancartas decoradas con lazos negros en memoria de Belén, los manifestantes exhibieron mensajes como "Protocolos antes situaciones de violencia", "Administración asesina" y "Belén somos todos/as", junto a un grito unánime de "¡Ni una más!".

Representantes de los sindicatos y colegios profesionales leyeron un manifiesto que lamentaba profundamente la muerte de Belén, condenando con firmeza el ataque que le costó la vida y expresando su pesar por la tragedia ante la familia y compañeros de la víctima.

El manifiesto subrayó que casos tan trágicos ponen de relieve las fallas del sistema de protección juvenil, donde las políticas de externalización priorizan el ahorro económico sobre la seguridad y bienestar de los trabajadores y menores.

Se denunciaron las condiciones precarias en las que operan muchos de estos centros, afirmando que, a pesar de estar financiados por fondos públicos, su gestión recae en empresas privadas que no garantizan ambientes de trabajo seguros. La falta de personal adecuado se tradujo en la muerte de Belén, que fue atacada mientras estaba sola durante su turno de noche.

Por este motivo, los presentes hicieron un llamado claro: "Las licitaciones actuales ignoran las realidades del sector y dejan a trabajadores y menores sin la protección que necesitan".

Un vocero del grupo afirmó que esta tragedia no es un mero accidente, sino el resultado de una planificación errónea que coloca las consideraciones económicas por encima de las necesidades reales de personal y formación en estos centros de protección.

Los manifestantes insistieron en la urgencia de adoptar medidas preventivas, como garantizar que al menos dos profesionales estén presentes por turno, establecer sistemas de alarma y protocolos de emergencia adecuados para afrontar situaciones de violencia.

Asimismo, se demandó un cambio en la gestión de estos centros, sugiriendo la necesidad de revertir la externalización de servicios sociales y revisar prácticas de licitación que priorizan el costo a expensas de la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.

Se hizo hincapié en que desde hace tiempo se han denunciado situaciones graves en estos espacios, sin que la Administración actuara con eficacia ante tales alertas. Los asistentes a la manifestación exigieron que tanto la administración pública como las empresas privadas reflexionen sobre sus responsabilidades para evitar que se repitan tragedias como la de Belén.

El resuelto mensaje final de la movilización fue claro: se cuestionó si este lamentable suceso se habría podido evitar si hubiera existido un mayor número de trabajadores en el turno de Belén.

Noelia Fernández, secretaria del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja, destacó que la tragedia de Belén podría ser un punto de inflexión para que los políticos comprendan la urgencia de abordar la situación. “Su muerte no debe ser en vano”, sentenció.

Fernández reitera que es imperativo que se revisen los protocolos existentes y se dote de más personal a los centros de acogida, argumentando que estos incidentes reflejan la creciente gravedad de las agresiones en el ámbito de la atención social, en gran medida como consecuencia de la precaria situación que enfrentan muchos jóvenes.

La falta de una legislación unificada en torno a los servicios sociales en distintas comunidades autónomas es otra de las problemáticas que se levantó durante la concentración, destacando que en La Rioja las ratios de profesionales son insuficientes para una atención adecuada.

Finalmente, Carla Vicente, educadora social en la Fundación Diagrama, compartió su experiencia personal, enfatizando la complejidad y riesgos que enfrenta su profesión día a día, así como la urgente necesidad de abordar la capacitación y el apoyo para los trabajadores en situaciones de riesgo.

En conclusión, Vicente subrayó que se deben reexaminar los convenios y los criterios al seleccionar a los menores en los centros, recordando que el objetivo principal debe ser siempre la protección tanto de los menores como de los profesionales que los atienden.