Retrasos en infraestructuras riojanas: Gamarra acusa al Gobierno de «mordidas» y proyectos perdidos

Las obras que La Rioja necesita llevan años paradas o retrasadas, y la candidata del PP al Congreso, Cuca Gamarra, lo atribuye a un sistema de «mordidas» en el Ministerio de Fomento. Son acusaciones graves y conviene verlas con datos delante.

Según Gamarra, durante los años del Gobierno de Sánchez, si no había «mordida» de por medio, un proyecto acababa en el cajón de los proyectos perdidos. Lo dijo durante la presentación de las candidaturas de su partido al Congreso y al Senado en el parque Felipe VI de Logroño, un lugar que eligió por el soterramiento del ferrocarril en la ciudad, una obra que, según ella, salió adelante gracias a la coordinación de tres administraciones.

La dirigente popular recordó además que un exministro de Fomento ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión. Al mencionarlo, vinculó esa condena con su tesis de que la obra pública se adjudicaba a cambio de comisiones. Esta relación entre aquel caso y las infraestructuras riojanas es una interpretación suya, no una conclusión de los tribunales sobre La Rioja.

¿Y qué significa esto para el día a día? Para quien va a trabajar cada mañana, un tramo de carretera sin terminar se traduce en más tiempo en el coche y más gasolina. Para quien vive en un pueblo, un proyecto retrasado puede significar peor conexión con el hospital o con el instituto. Y para las empresas, la falta de infraestructuras frena la llegada de inversiones y la creación de empleo.

Gamarra plantea que el PP quiere recuperar el espíritu de colaboración entre administraciones que, a su juicio, permitió sacar adelante el soterramiento logroñés. Sus palabras tienen un fondo político evidente: son una crítica al Gobierno central en plena campaña electoral.

Lo que viene ahora es la campaña. Los riojanos pueden pedir a los candidatos calendarios concretos para cada obra, compromisos por escrito y cifras de ejecución. Si alguien promete acabar un proyecto, conviene preguntar cuándo, con qué presupuesto y quién responde si no se cumple. Y si hay sospechas de irregularidades, son los tribunales quienes deben investigarlas, no un discurso de mitin.