LOGROÑO, 29 de octubre. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF en La Rioja han anunciado su apoyo a una concentración que se llevará a cabo a nivel nacional, con la esperanza de que el Gobierno central "preste atención y convoque a la mesa de negociación" para establecer un acuerdo marco que beneficie a los trabajadores del sector público.

En una rueda de prensa, los líderes de los tres sindicatos, incluyendo a Fernando Domínguez de UGT, Pedro Antolín de CC.OO. y Nuria García de CSIF, expusieron sus demandas y la importancia de la movilización prevista. Domínguez destacó que es esencial reivindicar derechos fundamentales que han sido ignorados durante demasiado tiempo.

Las peticiones centrales son un aumento salarial que se ha vuelto urgente desde enero, capacitación y recualificación de los empleados, jubilación parcial, y disminuir la temporalidad a fin de cumplir con el índice de interinidad estipulado por la Unión Europea, que no debe sobrepasar el ocho por ciento. Asimismo, se exige el cumplimiento total de las pagas extraordinarias.

Domínguez enfatizó que hay entre 21,600 y 21,800 trabajadores en la región que pertenecen a diversas administraciones y sectores, incluyendo salud y educación. "Es inaceptable que estos empleados, que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos, sigan con salarios estancados", sostuvo.

La concentración en La Rioja se celebrará el jueves 30 de octubre, a las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno, con el lema 'Mejor salario y más empleo'. Esta frase refleja la urgencia de dignificar las condiciones laborales para asegurar servicios de calidad a la población, según explicó Domínguez.

Antolín criticó al Gobierno de La Rioja por su tendencia a privatizar servicios públicos y acusó al Gobierno central de falta de interés en abordar esta problemática que afecta a las comunidades autónomas. Afirmó que la inacción ante estas cuestiones podría llevar a un estallido social si no se inicia un diálogo efectivo.

García, por su parte, se refirió a la hipocresía del Gobierno, que pide a la patronal del sector privado que aumente los salarios, pero no aplica el mismo enfoque en el ámbito público. Esta doble moral fue catalogada como "incoherente e injusta".

Finalmente, García alertó que los servicios públicos dependen del esfuerzo constante de empleados que se encuentran cada vez más desgastados, mal remunerados y enfrentando la escasez de recursos necesarios para desempeñar sus funciones adecuadamente.