LOGROÑO, 3 de diciembre.

El Consejo de Gobierno ha tomado la importante decisión de incrementar en 774.640,44 euros la asignación destinada a fortalecer el desarrollo de programas e inversiones de interés general para organizaciones del tercer sector. Con esta medida, la cantidad total para el año 2024 asciende a 3.414.640,44 euros, una cifra significativa que subraya el compromiso con la mejora del bienestar social.

De esta suma total, 400.640,44 euros se destinarán a inversiones, lo que elevará la cifra a 940.640,44 euros, mientras que los restantes 374.000 euros se canalizarán hacia programas, alcanzando un total de 2.474.000 euros. Decenas de asociaciones del tercer sector serán las encargadas de gestionar estas subvenciones, promoviendo así su independencia y capacidad operativa.

Este aumento en la inversión está diseñado para beneficiar a diez sectores sociales que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. A continuación, se presentan los detalles de la distribución de los fondos:

Para las personas con discapacidad, se destinarán 1.054.219 euros, mientras que las personas mayores recibirán 702.555,44 euros. Por su parte, la infancia y la familia contarán con 646.030,00 euros. En el ámbito de inclusión social y urgencia social, se asignarán 387.836,00 euros, mientras que la inmigración y el pueblo gitano recibirán 136.059,00 euros. La juventud contará con un apoyo de 191.438,00 euros, la atención a la mujer tendrá 132.177,00 euros, y las personas con problemas de drogodependencia o SIDA recibirán 114.095,00 euros. Además, se destinarán 46.031,00 euros al fomento del voluntariado y 4.200,00 euros a personas reclusas y exreclusas.

En el marco de las subvenciones dirigidas a la atención a la mujer, los programas se centran en la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia de género, garantizando la protección integral de sus víctimas. Por otro lado, las iniciativas orientadas a la infancia y la familia estarán enfocados en la intervención con familias que requieren atención psicosocial integral, marcando un camino hacia apoyo social más robusto. Asimismo, los programas de inclusión y urgencia social financiarán intervenciones que faciliten la integración laboral y social de los beneficiarios.

Las ayudas destinadas a la inmigración y el pueblo gitano buscan erradicar la discriminación por origen racial o nacionalidad, promoviendo la integración y la participación activa de las personas inmigrantes en la sociedad. En cuanto a las personas reclusas y exreclusas, el enfoque está en ofrecer atención y rehabilitación psicosocial, abordando las problemáticas específicas que puedan presentar.

Además, el Ejecutivo apoya la ejecución de programas de atención integral a personas mayores, permitiendo que estas puedan permanecer en su hogar y en su entorno social y familiar. También se busca brindar apoyo a sus familias y cuidadores, junto con la promoción del envejecimiento activo y la socialización. Dentro de este contexto, se financiará el equipamiento de centros destinados a la atención residencial para mayores, así como inversiones que aborden la eliminación de barreras arquitectónicas.

Los objetivos de estas ayudas incluyen fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, apoyando su inclusión sociolaboral y proporcionando programas de descanso para sus cuidadores. Igualmente, se destinarán recursos al mantenimiento de redes de servicios de atención, incluyendo la atención sociosanitaria para aquellos que padecen drogodependencias, VIH y SIDA.

Finalmente, se subvencionarán programas de atención sociosanitaria dirigidos a jóvenes, con el propósito de facilitar su inserción laboral y promover iniciativas que estimulen la cultura emprendedora, así como la creación de empresas y autoempleo. También se buscará transmitir valores solidarios entre los jóvenes, cimentando una sociedad más inclusiva y comprometida con el bienestar colectivo.