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Calahorra implementa nuevas regulaciones de empadronamiento y anuncia apoyo para extranjeros regularizados.

Calahorra implementa nuevas regulaciones de empadronamiento y anuncia apoyo para extranjeros regularizados.

CALAHORRA (LA RIOJA), 18 de noviembre.

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido actualizar su normativa local con el objetivo de abordar las preocupaciones en torno a la inmigración irregular y los desafíos asociados. La alcaldesa Mónica Arcéiz ha criticado abiertamente las "instrucciones técnicas dictadas por el Estado" desde 2020, que, según ella, fomentan un "efecto llamada" que es cada vez más insostenible.

Desde la implementación de estas instrucciones, el procedimiento para empadronarse se ha restringido a la verificación de ciertos datos personales, sin tener en cuenta el estatus migratorio del solicitante. Esto incluye verificar información básica como nombre, apellidos y nacionalidad, independientemente de su situación legal en el país.

De hecho, el Boletín Oficial del Estado señala que corresponde al Ayuntamiento aceptar estos empadronamientos, sin realizar un control sobre la legalidad del estatus de residencia de los empadronados.

Ante el notable aumento en la población inmigrante en una corta franja de tiempo, la alcaldesa ha indicado que esto tiene implicaciones en las ayudas de emergencia social, ya que una vez empadronados, los migrantes en situación irregular tienen acceso a servicios y prestaciones.

Arcéiz ha compartido datos que ella considera significativos: en enero de 2025 había 5.036 inmigrantes empadronados, y en junio esta cifra ascendió a 6.798, un crecimiento alarmante de 1.762 en solo cinco meses, sin que se haya registrado un incremento correspondiente en la creación de empleo.

A pesar de estas preocupaciones, la alcaldesa ha reafirmado su compromiso con la inclusión y la solidaridad, afirmando que Calahorra es una "ciudad acogedora". Sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que se abuse de esta generosidad.

De acuerdo con las cifras del padrón actualizado, Calahorra tiene actualmente 25.775 habitantes, de los cuales 2.242 tienen DNI español pero no nacieron en el país. Los nacidos en España suman 18.253, según los últimos datos.

La alcaldesa también abordó el impacto que esta situación tiene para los ciudadanos españoles, quienes pueden verse desfavorecidos en el acceso a recursos en favor de inmigrantes en situación irregular. "El Gobierno central toma decisiones, y nosotros, como ayuntamiento y comunidad, debemos asumir las consecuencias", afirmó. Arcéiz sostiene que el empadronamiento no debería servir como un mecanismo de regularización sin condiciones adecuadas, resaltando que "la nacionalidad no puede ser un regalo".

Como resultado de esta situación, se han implementado nuevas condiciones para el empadronamiento que entraron en vigor hace tres semanas. En la Oficina de Atención al Ciudadano se han colocado avisos sobre un nuevo plazo para formalizar solicitudes de empadronamiento.

Arcéiz explicó que anteriormente el empadronamiento se formalizaba y luego se verificaba la documentación; sin embargo, ahora se requiere que los solicitantes presenten su documentación antes de poder ser empadronados. Además, para comprobar que realmente residen en Calahorra, se ha intensificado el control sobre los contratos de alquiler, exigiendo ahora justificantes de pago a través de transferencias bancarias.

Además, se implementarán medidas adicionales para prevenir el fraude en la obtención de ayudas sociales, aumentando el periodo de empadronamiento requerido para ser elegible de seis meses a un año, y próximamente a dos años.

La preocupación de Arcéiz es válida, especialmente en un contexto donde, según Cáritas, está emergiendo una "nueva pobreza" que afecta a personas empleadas que, a pesar de su trabajo, no pueden cubrir necesidades básicas. Hace unos años, se advertía que el desempleo podía arrastrar a las personas a la pobreza, pero hoy, quienes tienen empleo también enfrentan este riesgo.

Un informe reciente de Cáritas destaca que la "precariedad laboral" se ha vuelto una realidad de la que casi la mitad de la población activa (47,5%) es víctima. Ante esta situación, la alcaldesa ha anunciado que su equipo está trabajando en la creación de subvenciones para abordar lo que se ha denominado la nueva pobreza.