Las autoridades policiales han afirmado que el ataque perpetrado contra Guillermo Castillo, un bodeguero de Cuzcurrita, fue "sorpresivo" y ejecutado por más de una persona, lo que impidió que la víctima tuviera la oportunidad de defender su vida o solicitar ayuda. Este oscuro episodio ha sacudido la tranquilidad de la comunidad, dando pie a un seguimiento judicial intenso y a la demanda de justicia por parte de los deudos.

Este martes, durante la jornada del juicio, los miembros de la Policía Científica presentaron sus declaraciones ante el juez, revelando que Castillo, hallado sin vida en su hogar el 2 de mayo de 2023, aún mantenía signos de vida cuando fue trasladado a un baño, el lugar donde fue encontrado por las autoridades. La descripción del escenario es alarmante: los agentes subrayaron que el cuerpo fue "arrastrado" y "colocado" en ese espacio reducido, lo que apunta a la presencia de más de un agresor durante el ataque.

Al examinar la escena del crimen, los investigadores concluyeron rápidamente que se trataba de un "delito violento". A medida que respondían a las preguntas de la Acusación Particular y la Fiscalía, explicaron que es "muy difícil, por no decir imposible", que un solo individuo pudiera haber llevado a cabo el acto de colocar a Guillermo en el baño, dado el espacio limitado. Para sacar el cuerpo de la vivienda, los agentes tuvieron que hacerlo entre dos personas, lo cual añade un nivel más de complejidad al caso.

Además, los investigadores señalaron que la meticulosidad con la que se llevó a cabo el registro del domicilio, un edificio de tres plantas, no podría haber sido realizada por una sola persona en el tiempo que permanecieron allí. Los acusados habrían estado aproximadamente tres cuartos de hora dentro de la casa, abriendo cajones y buscando objetos de valor, lo que plantea serias dudas sobre la cantidad de implicados en este crimen.

El juicio, que avanzó este 12 de noviembre, sigue adelante para dos individuos acusados de asesinato y robo con violencia, tras la presunta muerte del hostelero de 78 años en su residencia. La acusación está tomando medidas firmes, ya que, en caso de encontrarse culpables, el Ministerio Público ha solicitado penas que alcanzan los 27 años de prisión para cada uno, desglosadas en 23 años por asesinato alevoso y 4 años por el robo en domicilio habitado.

En particular, se ha solicitado una pena adicional de 4 años y nueve meses para uno de los acusados debido a su reincidencia en delitos similares. Mientras tanto, la familia de la víctima ha optado por pedir la prisión permanente revisable, buscando así un mayor grado de justicia por la pérdida irreparable que han sufrido.

La postura de la Fiscalía también incluye un requerimiento de libertad vigilada por diez años para ambos acusados, así como la obligación de indemnizar con una suma de 300.000 euros a los hijos de Guillermo Castillo, lo que pone de manifiesto la gravedad del caso y la necesidad de restablecer cierto grado de justicia para los afectados por este crimen brutal.