LOGROÑO, 12 de septiembre.

Las organizaciones agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja han alzado la voz en defensa de los viticultores. UAGA (Álava), UAGR (La Rioja) y EHNE (País Vasco y Navarra) han señalado que las bodegas de la región están "desangrando" económicamente a quienes trabajan la tierra, mientras que las autoridades competentes optan por permanecer inactivas frente a esta situación.

En un comunicado, las organizaciones manifestaron su descontento porque hasta el inicio de la vendimia, las bodegas no habían presentado los contratos a los viticultores, lo cual ha mermado su capacidad de negociación. Esta situación evidencia un claro abuso de poder por parte de las empresas, que aprovechan su posición dominante en el mercado.

Los contratos que se están ofreciendo, según la COAG, están muy por debajo de los costes reales de producción, una situación especialmente grave considerando la escasez de uva en las viñas y el incremento de los gastos relacionados con el cultivo. Este incumplimiento de la normativa vigente ha generado un estado de alarma en el sector.

Los sindicatos han criticado enérgicamente la inacción de las administraciones públicas responsables de hacer cumplir la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, a quienes acusan de ignorar lo que ocurre "frente a sus propias narices".

“A pesar de que estos vinos son presentados como estandartes de calidad, la realidad es que provienen de uvas cuyas cosechas son adquiridas a precios que apenas cubren los costes de producción, empujando a los viticultores al límite de la subsistencia”, expresaron los representantes de COAG.

Asimismo, subrayaron que un funcionario que presencia una irregularidad sin actuar podría ser responsabilizado por omisión. Esta es, exactamente, la situación que viven los viticultores bajo la Denominación de Origen, según denuncian.

Con cinco años de ingresos al borde de los costes de producción y dos años de cosechas deficientes, las bodegas continúan sin reaccionar ante el sufrimiento de los viticultores. Las grandes empresas, que marcan la pauta de los precios en la DOCa, persisten en la explotación, obligando a los productores a firmar contratos que conducen a pérdidas económicas, una violación evidente de la Ley de la Cadena.

En este contexto crítico, las tres organizaciones han decidido hacer un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad y actúen en defensa de los derechos de los viticultores, enfrentando la clara omisión del deber de perseguir delitos en esta industria vital.