
LOGROÑO, 9 de agosto. En un reciente desarrollo que afecta a la transparencia ambiental en La Rioja, el Defensor del Pueblo ha instado al Gobierno regional a revisar y modificar las actuales regulaciones que encarecen el acceso a información ambiental. La organización Amigos de la Tierra La Rioja ha sido fundamental en la denuncia de estas prácticas, poniendo de manifiesto el alto costo que enfrentan los ciudadanos para acceder a datos cruciales sobre el medio ambiente en la región.
La asociación ha señalado que las tarifas aplicadas para obtener información medioambiental en La Rioja contradicen las normativas europeas y nacionales. "Solicitamos que el Gobierno regional se adhiera estrictamente a lo establecido por el Convenio de Aarhus, eliminando las disposiciones que imponen estas tasas exorbitantes," destacaron. Con la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, queda evidenciado que estas tarifas son desproporcionadas y buscan restringir el acceso tanto para organizaciones como Amigos de la Tierra La Rioja como para la ciudadanía en general.
La recomendación se dirige a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, sugiriendo que se inicien los trámites necesarios para modificar la Ley 6/2002 de Tasas y Precios Públicos en consonancia con la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información ambiental.
Esta legislación, publicada en el Boletín Oficial del Estado y vigente desde 2006, establece que el acceso a la información ambiental debe ser garantizado y que el público tiene derecho a conocer las tasas aplicables para su solicitud. Esta normativa tiene como objetivo fortalecer el derecho de todos los ciudadanos a un entorno saludable y a la vez resaltar la responsabilidad colectiva de proteger el medio ambiente.
En la actualidad, La Rioja impone un coste de 108,49 euros por cada solicitud de acceso a información ambiental, aunque las ONG medioambientales están exentas si no superan seis solicitudes al año. Sin embargo, cualquier solicitud adicional de estas organizaciones o de cualquier otro ciudadano conlleva la obligación de abonar la tasa. Esta medida ha sido criticada por su carácter restrictivo, ya que desincentiva la participación ciudadana y limitan las posibilidades de fiscalizar la actividad administrativa en cuestiones medioambientales.
El contraste con otras comunidades es notable; en varias de ellas, las solicitudes de información por parte de ONG son totalmente gratuitas. Esto posiciona a La Rioja como la región con las tasas más elevadas del país para acceder a información ambiental, lo que plantea serias preocupaciones sobre el compromiso del gobierno regional con la transparencia y el derecho a la información.
Amigos de la Tierra La Rioja aguarda que el Gobierno regional adopte las modificaciones necesarias conforme a lo establecido en la Ley 27/2006, permitiendo así un ejercicio eficaz de su labor y garantizando a la ciudadanía un acceso justo a la información ambiental.
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