LOGROÑO, 10 de mayo. En un caso que ha generado gran interés, el Ministerio Público ha solicitado una condena de tres años de prisión para L.C.G., quien se enfrenta a un cargo de apropiación indebida por su supuesta engaño a su socio en una sociedad agrícola que ambos crearon. Además de la pena de cárcel, el fiscal ha solicitado una multa de 2.700 euros y una compensación económica que supera los 130.000 euros a favor del denunciante.

El juicio se llevará a cabo el 12 de mayo a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial. Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la parte demandante, ambos residentes de Casalarreina, acordaron en 2012 crear verbalmente una comunidad de bienes, aportando diversos activos y adquiriendo maquinaria para llevar a cabo actividades agrícolas de manera conjunta.

Se había pactado que los beneficios y gastos se dividirían equitativamente, aunque el acusado asumía la mayor parte de las responsabilidades financieras y administrativas, mientras que el denunciante se centraba principalmente en las labores de cultivo.

Para gestionar las finanzas de la comunidad, abrieron una cuenta corriente conjunta. Sin embargo, posteriormente se modificó la titularidad y el acusado quedó como el único autorizado, permitiendo que los dos socios registraran gastos, ingresos y beneficiaria de acuerdo a lo acordado.

En 2014, el denunciante prestó 50.000 euros a su socio tras ser informado de la falta de liquidez de este último, abonos que se realizaron en dos transacciones de 25.000 euros cada una en la cuenta común. Sin embargo, hacia 2016, la relación entre ambos se deterioró y decidieron disolver la comunidad al finalizar la cosecha de la adormidera y la remolacha, lo que obligaba a liquidar cuentas y repartir el equipo agrícola.

En el proceso de liquidación, el denunciante descubrió que se habían realizado múltiples transferencias de la cuenta común a una empresa de la que el acusado era socio y único administrador, además de otras transferencias personales, todas sin justificación y superando las contribuciones realizadas por él mismo.

Un informe pericial reveló que el denunciante había ingresado un total de 142.630,76 euros en la cuenta conjunta, de los cuales solo había recuperado 20.137,75 euros, dejando un saldo a favor de 122.493,01 euros. En comparación, los movimientos personales del acusado mostraban un saldo a su favor de 27.941,36 euros, además de 51.090,65 euros relacionados con su empresa, sin incluir transacciones indiscriminadas realizadas por ambas partes.

La disparidad en los saldos fue notable, llevando al denunciante a reclamar un total de 37.978,14 euros, que representa la mitad de la diferencia entre los ingresos y reintegros de ambos. Además, se mencionó que el equipo agrícola fue aportado al 50%, pero el acusado no devolvió varias piezas o el equivalente monetario, con un valor total de 91.150 euros, de los cuales se reclama la mitad.

Finalmente, el acusado, a pesar de las aportaciones conjuntas, también se apropió de los ingresos de las cosechas de remolacha y adormidera de 2015 y 2016, que suman un total de 86.265,57 euros, a lo cual el denunciante reclama la mitad, es decir, 43.133,07 euros.

En total, el perjudicado exige una compensación de 130.235,21 euros por materiales no devueltos, ingresos no repartidos y transferencias no autorizadas realizadas por el acusado. El Ministerio Fiscal considera que los hechos expuestos constituyen un delito de apropiación indebida, responsabilizando al acusado y solicitando una condena de tres años de prisión, una multa de 2.700 euros y la mencionada indemnización.