LOGROÑO, 4 de octubre. En un análisis reciente sobre el impacto de la Ley General de Telecomunicaciones, el coordinador académico del Máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José Manuel Sendín, afirmó que aunque la cantidad de llamadas no deseadas ha disminuido, es poco probable que lleguen a desaparecer por completo. Explicó que las empresas siguen encontrando formas de sortear las restricciones impuestas por la ley.

Sendín destacó que la normativa establece que las comunicaciones comerciales deben realizarse a través de prefijos específicos, como los 800 o 900, para facilitar su identificación. Sin embargo, apuntó que las empresas pueden estar utilizando tecnologías que enmascaran sus verdaderos números, lo que dificulta esta identificación. En declaraciones a Europa Press, enfatizó que esta problemática sigue persistiendo a pesar de las regulaciones.

El académico señaló que los operadores de telecomunicaciones tienen una responsabilidad crucial en la aplicación de la ley. Subrayó que la normativa no debe ser vista como un mero formalismo, sino que impone a las empresas de telecomunicaciones la obligación de actuar como agentes activos en la protección de los consumidores, en lugar de simplemente recibir las llamadas.

En referencia a las estrategias de las empresas, Sendín mencionó que muchas de ellas optan por asumir el riesgo de realizar llamadas no solicitadas, considerando que los beneficios potenciales en términos de captación de datos o mejora de mercado pueden justificar esa conducta. “El usuario, en la mayoría de los casos, cuelga y no presenta quejas formales, lo que les permite seguir operando con impunidad”, añadió.

El experto también indicó que frecuentemente las acciones de la administración sólo se activan tras la denuncia de un particular que reporta la persistencia de estas llamadas molestas. Además, mencionó que algunas empresas adquieren bases de datos confidentes, creyendo que tienen permiso para utilizarlas, aunque esto no siempre es cierto, lo que perpetúa el problema.

A la hora de actuar, Sendín recomendó a los consumidores que, a pesar de la incomodidad que puede suponer, la mejor herramienta para combatir esta situación es denunciar. Aunque reconoció que es una carga adicional, instó a que se reporten estas prácticas a las autoridades competentes para tener un impacto real.

El coordinador del programa avanzó que existen dos vías principales para presentar quejas. Por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos ofrece un canal claro para que los ciudadanos comuniquen sus problemas y participen en la investigación en torno a estas prácticas. Por otro lado, se podría argumentar que las conductas de algunas empresas constituyen competencia desleal, afectando a otras que sí cumplen con la normativa vigente.

Finalmente, Sendín recordó que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto diversas multas a compañías que continúan realizando spam telefónico. Sin embargo, antes de sancionar, este organismo generalmente opta por advertir a las empresas, y muchas veces las multas se reducen si la empresa admite su culpa y paga de forma voluntaria.