
LOGROÑO, 2 de octubre.
El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, ha expresado su confianza en que para el año 2026 se logren avances significativos en la situación referente a los docentes singulares de Formación Profesional en la región. Esta afirmación fue realizada durante una respuesta a una interpelación del diputado de IU-Podemos, Carlos Ollero.
Ollero ha subrayado que alrededor de setenta profesionales de la enseñanza técnica y singular llevan años demandando una igualdad salarial en comparación con sus colegas, defendiendo un principio fundamental: "a trabajo igual, salario igual". En su intervención, el diputado destacó que esta inequidad ya ha sido abordada por varias comunidades autónomas.
El representante de IU-Podemos instó al Gobierno de La Rioja a aprovechar el proceso de elaboración de los presupuestos de 2026 como una "oportunidad de oro" para corregir esta injusticia que afecta a numerosos docentes, afirmando que esta situación debe ser prioritaria en la agenda política.
Asimismo, Ollero criticó la llegada tardía de profesorado interino, la falta de infraestructuras adecuadas y las carencias en la prevención de riesgos laborales, así como los recortes en la carga horaria para los docentes, argumentando que estas cuestiones siguen sin recibir respuesta. Al final de su intervención, cuestionó a Galiana sobre si la "joya de la corona" que menciona respecto a la Formación Profesional se refiere a la educación pública o privada.
Galiana, en su contestación, reafirmó que la Formación Profesional es un pilar fundamental del sistema educativo en La Rioja, y subrayó que nunca antes se había visto una oferta formativa tan amplia ni tantos estudiantes en esta modalidad educativa.
El consejero también abordó el tema de la integración de los docentes técnicos en Formación Profesional, reconocido como un asunto que viene desde la anterior legislatura, resaltando que es el resultado de una regulación incompleta en la Ley de Formación Profesional de 2022 y su correspondiente Real Decreto a nivel nacional.
Además, Galiana hizo hincapié en que, hacia finales de la legislatura pasada, se había emitido una resolución (la 38-2023) que habilitó un procedimiento para la integración de estos docentes, el cual sigue vigente y se espera que culminé a inicios de 2026.
En este contexto, enfatizó que la Consejería ha estado abierta al diálogo y análisis sobre este asunto, desestimando cualquier idea de cerrazón. Galiana también afirmó que, aunque han existido otras prioridades, están dispuestos a abordar la situación de manera responsable y basada en el rigor, tal como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Para concluir, se mostró esperanzado en que en 2026 se pueda avanzar en la mejora de esta problemática.
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