LOGROÑO, 2 Sep. - En un reciente encuentro, Comisiones Obreras e Izquierda Unida han hecho un llamado contundente a la necesidad de que la simplificación administrativa se implemente de manera efectiva. Ambos actores han enfatizado que este proceso no puede ir de la mano con un recorte en el número de empleados públicos, dado que podría comprometer la calidad del servicio a la ciudadanía.

En una reunión celebrada esta mañana, los diputados de Izquierda Unida, Henar Moreno y Carlos Ollero, se reunieron con representantes de Comisiones Obreras para discutir esta importante cuestión. Moreno, en su intervención, recordó que el Gobierno de La Rioja había presentado, al final del pasado curso político, una Ley de Simplificación Administrativa que prometía mejoras significativas.

Sin embargo, Moreno advirtió que dicha ley parecía haber desaparecido del Portal de Transparencia, sin que se hubiera completado siquiera el plazo de evaluación. Este hecho genera preocupación entre los representantes, quienes perciben que el compromiso del gobierno con la transparencia está en peligro.

Según Moreno, la simplificación administrativa impacta a todos los ciudadanos, desde la facilidad para solicitar una cita médica hasta el acceso a ayudas sociales y procedimientos judiciales. Por ello, hizo hincapié en la importancia de realizar un estudio exhaustivo sobre el personal público necesario para garantizar que los plazos y procesos propuestos sean realmente viables.

Además, el diputado subrayó que cualquier iniciativa en este sentido debe ser abordada desde el ámbito del sistema público, alertando sobre la tentación de privatizar servicios que han sido históricamente gestionados por el estado. "No podemos caer en el error de creer que la privatización mejorará las cosas", afirmó Moreno, refiriéndose a experiencias pasadas en otros sectores como la sanidad.

Por su parte, Eva María Fernández, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, coincidió en la evaluación de que la creación de empleo público es fundamental para lograr una verdadera simplificación administrativa. Fernández expresó su preocupación de que la estrategia actual del gobierno pudiera estar encaminada hacia una privatización del sistema de gestión administrativa, un enfoque que podría tener consecuencias negativas para los servicios públicos.