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Logroño establece nueva normativa para terrazas, enfrentando críticas opositoras por falta de consenso y soluciones.

Logroño establece nueva normativa para terrazas, enfrentando críticas opositoras por falta de consenso y soluciones.

LOGROÑO, 6 de noviembre.

En la última sesión plenaria de noviembre, el Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a una nueva Ordenanza de Terrazas, un movimiento que según el equipo de Gobierno es "indispensable" y "actual", aunque ha encontrado resistencia por parte de la oposición, que critica la falta de diálogo en su elaboración y la falta de soluciones efectivas.

La propuesta, que varios grupos municipales intentaron que se retirara del orden del día, fue aprobada únicamente con los votos del Partido Popular, mientras que todas las demás formaciones -PSOE, VOX, IU-Podemos, Partido Riojano y la concejala no adscrita Eva Loza- votaron en contra.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, defendió la nueva normativa argumentando que es una respuesta necesaria a la realidad de la ciudad y que sustituye a una normativa anterior que había quedado obsoleta. Según él, esta norma no responde a los intereses de un solo partido, sino que busca ser una solución para toda la ciudad. La ordenanza busca reestructurar el espacio público, acortar los horarios de las terrazas y reducir el área que ocupan.

La creación de esta ordenanza se enmarca dentro de un proceso participativo, donde el equipo de Gobierno ha llevado a cabo encuentros con diversos sectores implicados, como asociaciones vecinales y profesionales del sector de la hostelería.

Este proceso culminó en un anteproyecto que recibió la aprobación de la Junta de Gobierno Local en febrero pasado. Tras un periodo para la presentación de alegaciones, el texto fue examinado y aprobado en el pleno ordinario de mayo.

Una vez aprobado inicialmente, se realizó una exposición pública del documento y se llevaron a cabo modificaciones basadas en un estudio técnico de las alegaciones recibidas, mayormente aclaraciones sobre aspectos como el carácter complementario de las terrazas, las distancias necesarias para el tránsito peatonal y las dimensiones permitidas.

La nueva regulación se plantea con tres metas específicas:

Primero, la reordenación del espacio público, buscando priorizar al peatón y aumentar la tasa de ocupación del espacio público por parte de las terrazas.

En segundo lugar, la normativa reduce los horarios de operación de las terrazas, estableciendo límites como las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta la 1:30 horas los fines de semana y vísperas de festivos. Esto implica una reducción en comparación con la normativa anterior.

Por último, se regula la proporción del espacio ocupado por las terrazas según el tamaño de cada establecimiento, limitando la superficie máxima de las terrazas a 100 metros cuadrados.

Este marco legislativo pretende equilibrar la actividad económica de las terrazas con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un espacio público ordenado y respetar el descanso de residentes y viandantes, afirman desde el equipo de Gobierno.

Sin embargo, la concejala no adscrita Eva Loza cuestionó la falta de consenso, citando que "el 'conradismo' no ha funcionado", e indicando que hay un descontento tanto entre hosteleros como entre vecinos que no se sienten representados.

Rubén Antoñanzas, portavoz del Partido Riojano, también criticó la falta de diálogo, apuntando que la ordenanza no refleja las realidades de la ciudad al haberse desarrollado sin la participación de todos los grupos, a los que solo se les proporcionó el texto con 24 horas de antelación. Exigió su retirada para favorecer un consenso real.

Amaia Castro, portavoz de IU-Podemos, expresó su pesar por la falta de participación, afirmando que tras dos décadas sin una normativa actualizada, era una oportunidad perdida para abordar los problemas reales de la ciudad y sus vecinos.

Desde VOX, María Jiménez se unió a las críticas, denunciando que la nueva ordenanza no responde a las necesidades de la comunidad y llamó a posponer su aprobación y abrir un nuevo proceso de diálogo.

Luis Alonso del Grupo Socialista también se sumó a la preocupación por el escaso diálogo en la elaboración de la normativa y recordó la importancia de una comisión de trabajo que incluya a todos los actores involucrados para asegurar la aplicación efectiva de las nuevas reglas.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, defendió que la ordenanza es justa y necesaria tras 20 años sin actualizaciones, resaltando el enfoque participativo e indicando que se creará una comisión para el seguimiento de su aplicación, que incluirá representantes de diversos colectivos.

Adicionalmente, se aprobaron varios expedientes de modificación presupuestaria vinculados a la mejora de la iluminación del Centro Histórico, entre otros, totalizando más de 288.000 euros, lo que también fue objeto de críticas por parte de la oposición por su frecuencia en la agenda del Gobierno local.