En un reciente debate en el Parlamento de La Rioja, el diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, ha señalado que el decreto actual sobre convivencia escolar está intensificando los problemas en las aulas en lugar de ofrecer soluciones. Esta advertencia llega en medio de la polémica generada por la prohibición del uso del velo islámico en el Instituto Práxedes Mateo Sagasta.

Durante el pleno, los representantes del Partido Popular y Vox desestimaron una propuesta de Izquierda Unida que buscaba reformar el mencionado decreto. Ollero argumentó que la iniciativa no solo abordaba la situación específica del instituto, sino que también reflejaba las deficiencias generales del decreto vigente, que, según su evaluación, ha demostrado ser ineficaz en la práctica.

La propuesta de IU hacía un llamado al Parlamento para que se modificara el Decreto de Convivencia Escolar, buscando que se convirtiera en una normativa que fomentara la resolución pacífica de conflictos y colocara en el centro los derechos y necesidades del alumnado. La moción también buscaba eliminar el enfoque punitivo, pidiendo recursos adicionales para fortalecer el apoyo psicológico y la orientación educativa dentro de las instituciones.

Ollero enfatizó la necesidad de establecer criterios claros y uniformes para las instituciones educativas en relación con la vestimenta, con el objetivo de evitar interpretaciones que pudieran vulnerar los derechos constitucionales a la libertad religiosa y a la educación. “Esta sería una propuesta constructiva que podría atajar conflictos innecesarios y evitar el aprovechamiento de la ultraderecha”, afirmó.

El diputado insistió en la urgencia de actualizar el decreto para que sirva efectivamente a la convivencia escolar desde un enfoque inclusivo, defendiendo que la normativa actual se centra de manera inadecuada en fortalecer la autoridad del profesorado a expensas de los derechos de los estudiantes.

Ollero destacó que, hasta el momento, ya se han manifestado dos problemáticas durante este curso que no están siendo abordadas adecuadamente por el decreto. La primera es la contienda sobre la vestimenta en el Sagasta. Además, señaló que el actual marco legal está limitando el derecho de reunión de los alumnos en el contexto de una huelga estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino.

En respuesta a la moción de IU, Vox presentó una enmienda que buscaba modificar el contenido para enfatizar la igualdad de género y la integración cultural, a la vez que proponía la prohibición de vestimenta islámica. Esta enmienda fue rechazada por Izquierda Unida, que criticó lo que consideraron un intento de atentar contra los derechos fundamentales.

Desde Vox, su portavoz, Ángel Alda, acusó a IU y Podemos de desviar la atención hacia problemas irrelevantes y defendió la necesidad de mantener la autoridad en las aulas a través de un sistema de sanciones para corregir conductas inapropiadas.

La diputada del PSOE, Teresa Villuendas, se mostró favorable a la moción de IU, aunque propuso que, en lugar de reformar el decreto, sería mejor derogarlo completamente. Criticó que el actual enfoque legal favorezca un orden autoritario que ignora las necesidades de los alumnos y subrayó que la normativa refleja una ideología conservadora.

En contrapartida, Pilar Armendáriz del PP defendió el decreto afirmando que promueve la convivencia dentro del sistema educativo, y subrayó que cualquier retroceso en este aspecto se produjo durante la legislatura anterior. Destacó que el protocolo actual busca apoyar a los profesores y mantener la disciplina escolar como una herramienta pedagógica.

Finalmente, el consejero de Educación, Alberto Galiana, reiteró su desacuerdo con las críticas al decreto y argumentó que el enfoque de la anterior normativa socialista estaba desfasado y generaba confusión en las aulas. Resaltó la importancia de no confundir el carácter disuasorio de las medidas con el autoritarismo, defendiendo el aumento de recursos para garantizar una educación inclusiva.