LOGROÑO, 30 de octubre - Hoy, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF La Rioja han realizado una manifestación enérgica en las calles, exigiendo "servicios públicos de calidad, aumentos salariales, más empleo y mejoras en las condiciones laborales para los empleados públicos".

El evento es solo el comienzo de una serie de protestas que podrían culminar en una huelga general si el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no accede a diálogo con los representantes laborales.

En todo el país se han visto concentraciones similares, y en La Rioja, los manifestantes se reunieron ante la Delegación del Gobierno en Logroño. Portando una pancarta que decía "Mejor salario + Empleo = Servicios de Calidad", los sindicatos subrayaron la urgencia de estos reclamos para proteger un Estado del Bienestar que, según ellos, se encuentra en peligro por la degradación de los servicios públicos.

Los representantes de los sindicatos, Fernando Domínguez (UGT), Pedro Antolín (CCOO) y Nuria García (CSIF), explicaron que su movilización busca presionar al ministro para que se siente a negociar sobre las condiciones laborales que afectan directamente a miles de empleados públicos.

Domínguez enfatizó que es imprescindible una mejora salarial, dado que muchos trabajadores tienen los sueldos congelados. "No es aceptable que, en noviembre, más de 21.800 empleados públicos en La Rioja vean sus salarios estancados simplemente porque el ministro se niega a dialogar sobre su revalorización", destacó.

Asimismo, los sindicatos demandan una adecuada dotación de personal para mejorar el empleo en el sector público, haciendo hincapié en que la falta de relevo generacional ha dejado las plantillas envejecidas.

Si el ministro no responde a sus demandas, anticipan que habrá más movilizaciones, y no duden que, en diciembre, podrían convocar una huelga general, involucrando a más de 3 millones de empleados públicos en todo el país.

Antolín, de CCOO, defendió la vital importancia de los servicios públicos, que proporcionan atención a toda la ciudadanía. No obstante, reiteró el sentir de su colega, señalando que los empleados públicos son de los pocos en el país que han mantenido sus salarios congelados durante todo el año.

El portavoz también llamó la atención sobre la situación de más del 30% de interinos que cobran menos de 800 euros y deben desplazarse por distancias considerables, lo cual hace que su remuneración sea insostenible.

Desde CSIF, García demandó un incremento salarial ante la creciente pérdida de poder adquisitivo, que ya asciende a un 20% estimado para 2025. Reiteró que las plantillas son insuficientes y apremió la necesidad de incorporar a nueva sangre en la función pública.

Subrayó que la tolerancia de los empleados públicos se está agotando, y criticó que el gobierno utilice la falta de presupuestos como justificación para no iniciar negociaciones. "El Gobierno tiene la capacidad legal para aumentar los salarios sin necesidad de un presupuesto aprobado", aseveró.

Los sindicatos concluyeron con una exigencia clara: “es crucial recuperar y estabilizar el empleo público, dignificarlo, garantizar aumentos salariales justos y asegurar un nuevo acuerdo plurianual en materia de empleo y salarios. Además, es fundamental rediseñar unas administraciones públicas que realmente se alineen con el Estado del Bienestar, accesibles y de calidad, que sean motivo de orgullo para las futuras generaciones”.

“El cambio no se logra a través de medidas temporales o soluciones a corto plazo, sino mediante un diálogo significativo con una visión que considere a los sindicatos como aliados esenciales en la mejora de los servicios públicos”, concluyeron.