LOGROÑO, 30 de noviembre. En un caso que pone al descubierto presuntas irregularidades en la concesión de permisos agrícolas, el Fiscal ha solicitado una condena de 8 años de prisión y una multa de 6.000 euros para la exalcaldesa de Clavijo, E. I. A. La acusa de cometer dos delitos de falsedad documental, tanto en documento oficial como mercantil, al falsificar informes que facilitaron autorizaciones de viñedo en beneficio de dos hermanos, quienes también enfrentan cargos de estafa y falsificación.

Se informa que los implicados llevaron a cabo alteraciones de documentos ya existentes y generaron otros que no reflejaban la realidad con el objetivo de simular una disponibilidad de superficie agrícola que no les correspondía. Esta maniobra tenía como fin incrementar su cuota de superficie vitícola durante el reparto realizado en el año 2016. El juicio se desarrollará en la Audiencia Provincial durante este miércoles y jueves, a las 10:00 horas.

Según el informe fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, estas acciones están vinculadas a la distribución de derechos de nuevas plantaciones a partir del proceso de reparto de superficie vitícola en 2016. En particular, implican la Parcela 222 del Polígono 9 de Clavijo, un terreno que es propiedad del Ayuntamiento de la localidad.

Los hermanos acusados, R. S. L. y M. S. L., habrían colaborado con la exalcaldesa para alterar documentos que luego fueron incluidos en los expedientes administrativos necesarios para gestionar la obtención de estas autorizaciones de viñedo, incluyendo informes firmados por la propia alcaldesa.

Entre los documentos alterados se menciona un contrato fechado el 11 de junio de 2014, que originalmente establecía un arrendamiento limitado a una superficie de 2,2006 hectáreas en el Recinto 56 de la Parcela 222. Sin embargo, con las modificaciones realizadas, los acusados intentaron aparentar que tenían control sobre toda la parcela, creando un contrato que resultó incoherente y engañoso.

Como parte del proceso, la Administración pidió a uno de los acusados que demostrara que contaba con la superficie necesaria para respaldar sus derechos, utilizando para ello el documento falsificado. Posteriormente, los acusados también enmendaron otros contratos donde Apuesta Inmobiliaria Riojana, SL afirmaba poseer las tierras arrendadas.

A través de estos contratos modificados, se hacían valer como propietarios de una extensa superficie de 174,2204 hectáreas, cuando el contrato legítimo solo otorgaba 22,206 m2. La exalcaldesa, además, contribuyó a la obtención de las autorizaciones al elaborar un informe el 13 de mayo de 2016, utilizando el sello oficial del Ayuntamiento, a pesar de conocer su falsedad.

A consecuencia de estas irregularidades, la Administración concedió a R. S. L. autorizaciones para la plantación de un viñedo en una superficie de 20,5080 hectáreas, basándose en una aparente disponibilidad de terreno que en realidad no existía. Este entramado permitió al acusado obtener beneficios en detrimento de otros agricultores con derechos legítimos.

El Fiscal sostiene que los actos constituyen delitos de falsedad tanto en documento oficial como en documento mercantil, además de un cargo por estafa. Para la exalcaldesa, la pena solicitada asciende a 8 años, mientras que para los dos hermanos se piden en total 11 años de prisión, distribuidos en 8 y 3 años según su grado de implicación en los hechos.