LOGROÑO, 8 de noviembre. Un abogado enfrenta serias acusaciones que podrían costarle tres años tras las rejas, además de una indemnización de 12.000 euros a sus clientes. Este profesional, identificado como D.N.C., está siendo procesado por estafa y deslealtad profesional, después de haberse enriquecido de manera ilícita al manejar una herencia que no gestionó adecuadamente.

La fiscalía alega que los delitos cometidos por D.N.C. comenzaron en enero de 2020, cuando tres clientes le confiaron la tarea de gestionar una herencia y llevar a cabo todos los trámites notariales y registrales necesarios para la venta de una propiedad en Navarrete. Según el relato del fiscal, se estableció un presupuesto de 1.694 euros, el cual fue aceptado y pagado en dos fases por los clientes.

La situación se tornó más compleja cuando, tras realizar un primer pago de 847 euros, los clientes realizaron un segundo ingreso de 900 euros, a petición del abogado, para cubrir gastos adicionales relacionados con la notaría y registro, según señala la Fiscalía.

D.N.C. aceptó estos fondos con la intención de beneficiarse de los recursos de sus clientes, incumpliendo sus responsabilidades y proporcionando un servicio claramente insuficiente para las obligaciones contraídas, aprovechándose de su reputación profesional.

A lo largo de varios meses, el abogado continuó engañando a sus clientes al afirmar que estaba gestionando los trámites de manera correcta, a la vez que pedía más dinero. Sin embargo, la realidad pronto se hizo evidente, ya que en agosto de 2021, los clientes fueron notificados de un embargo relacionado con una deuda que supuestamente D.N.C. estaba gestionando, lo que desencadenó una serie de problemas con Hacienda por la falta de presentación del impuesto de sucesiones.

A pesar de la creciente presión y de las inquietudes de sus clientes, el abogado mantuvo su fachada profesional y aseguró que todo estaba en orden. Incluso, se ofreció a actuar en nombre de los tres herederos por un costo adicional, lo que fue aceptado nuevamente por sus víctimas.

Sin embargo, la falta de acción del abogado llevó a sus clientes a acumular penas e intereses adicionales impuestos por la Agencia Tributaria, superando los 10.300 euros, debido a su negligencia en la liquidación correspondiente a tiempo.

En su argumentación, la fiscalía sostiene que los actos de D.N.C. constituyen tanto un delito de estafa como un delito de apropiación indebida y deslealtad profesional. Además de la condena de tres años de cárcel que solicita para el delito de estafa, se exige también una multa cercana a los 5.000 euros por deslealtad profesional y una pena de inhabilitación de cuatro años para ejercer la abogacía.

Finalmente, D.N.C. deberá compensar a los tres perjudicados con los 12.000 euros, cantidad que aumentará según lo dispuesto en la legislación civil debido a los intereses y recargos derivados de la situación generada. Esta suma corresponde al total reconocido como adeudado, que incluye lo que fue defraudado, las sanciones y otros costos adicionales asumidos por los afectados.