LOGROÑO, 24 de septiembre.

En una movida que ha encendido la controversia política en Calahorra, Maite Arnedo, concejala del partido Vox, ha llevado ante la Fiscalía al Ayuntamiento local, alegando posibles actos de prevaricación por su falta de respuesta a una importante reclamación económica.

Vox ha emitido un comunicado argumentando que la denuncia no se basa en un mero descuido administrativo, sino en una supuesta decisión intencionada, resultado de un “pacto” jerárquico entre funcionarios y políticos que busca paralizar acciones en beneficio de intereses particulares.

La concejala detalló que el Ayuntamiento aprobó un decreto que obligaba a reclamar judicialmente una deuda de más de 23,000 euros relacionada con los servicios prestados en la Residencia Municipal San Lázaro, pero las autoridades no actuaron de manera adecuada y oportuna, poniendo en riesgo la recuperación de estos fondos que pertenecen a la ciudadanía.

Arnedo afirmó: “Más que un error, creemos que hay un cálculo premeditado para frenar la reclamación, utilizando esta situación para salvaguardar ciertos intereses y conseguir apoyos en decisiones cruciales del Pleno”.

Desde el grupo político, insisten en que este escenario podría estar vinculado a un caso de prevaricación, al no cumplir de manera intencionada con sus obligaciones legales.

“Es inaceptable que un ciudadano no pueda dejar pasar ni una tasa de basura o un recibo de agua sin que se le reclame, pero cuando se trata de una deuda generada por un concejal, el Ayuntamiento parece perder la memoria”, manifestó Arnedo, mostrando su indignación ante lo que percibe como una doble moral en la gestión municipal.

La denuncia también menciona las barreras significativas que la oposición ha tenido que enfrentar para acceder a la documentación relacionada con el expediente, resaltando que durante meses sufrieron demoras y negativas injustificadas, lo cual subraya la falta de transparencia del actual gobierno local.

Vox ha señalado que esta falta de acceso no solo infringe el derecho de los concejales a obtener información, sino que también parece ser una táctica deliberada para ocultar una gestión irregular que pone en riesgo el patrimonio del municipio.

Por ello, el partido ha instado a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto, pidiendo que se investiguen las responsabilidades, tanto de los funcionarios como de los políticos involucrados, y a determinar si la inacción del Ayuntamiento puede ser catalogada como un delito de prevaricación u otro tipo de delito penal.