LOGROÑO, 5 de noviembre. En un giro que resalta la complejidad y la gravedad del caso, un agente de la Guardia Civil, vinculado a la Policía Judicial, ha proporcionado testimonio ante el juez sobre las circunstancias del asesinato del hostelero Guillermo Castillo, ocurrido en su residencia en Cuzcurrita en la noche del 1 al 2 de mayo de 2023. Según el agente, desde el primer instante quedó claro que este crimen no fue perpetrado por un único agresor; más bien, fue llevado a cabo por dos personas.

El funcionario explicó que el acto fue claramente premeditado y que, desafortunadamente, la víctima no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. La brutalidad de los golpes recibidos fue tal que le dejó incapacitado para reaccionar de manera efectiva, lo que subraya la naturaleza violenta y planificada del ataque.

Además, el agente argumentó que sería prácticamente imposible que un solo individuo pudiera haber arrastrado el cuerpo del hostelero después de infligir los devastadores golpes. La escena del crimen, que tuvo lugar justo en la entrada del hogar de Guillermo, sugiere que uno de los agresores lo sujetó mientras el otro continuaba golpeándolo, dejando al hombre sin opciones de escapar o pedir ayuda.

En su declaración, se insistió en que no hubo más de dos agresores involucrados en este crimen. Guillermo Castillo fue un blanco vulnerable, incapaz de solicitar auxilio ni de protegerse ante la inminente amenaza que se cernía sobre él. La evidencia recolectada indica que el ataque fue deliberado y no un acto impulsivo surgido del momento.

De acuerdo a las observaciones realizadas, se describe una secuencia aterradora de eventos en la que, tras la primera agresión en las puertas de su hogar, la víctima fue encerrada y reducida con grilletes, lo que imposibilitó aún más cualquier intento de huida.

Un testigo clave, que goza de protección bajo el anonimato, fue mencionado por el agente como fundamental para la investigación. Este testimonio situó a los dos sospechosos en el lugar de los hechos durante la noche del crimen. La información que proporcionó coincide con los indicios obtenidos hasta ahora y refuerza la hipótesis de la participación de múltiples agresores.

El testigo protegido reveló que uno de los implicados confesó el crimen a él directamente, lamentándose por ello. También se ofrecieron detalles cruciales, tales como que la agresión se realizó a golpes y no con un arma blanca, y que la motivación detrás del asalto era el dinero, ya que Guillermo supuestamente poseía una considerable suma en efectivo.

Se mencionó que, aunque el informante pareció creerse que el botín podría ascender a los 50 o 60.000 euros, en realidad solo se habían llevado 600 euros de la cartera de la víctima. Ante estas declaraciones, el agente de la Guardia Civil admitió que el testigo protegido se presentó dos meses después del crimen, lo que llevó a cuestionamientos sobre la naturaleza y dirección de las investigaciones alternativas que se habían realizado.

El agente también hizo hincapié en el análisis del movimiento de los teléfonos móviles de los acusados, que revelaron su trayecto hacia Cuzcurrita, habiendo pasado anteriormente por la localidad de Lardero. Uno de los acusados negó este recorrido, pero la evidencia presenta una narrativa contraria que invita a la reflexión sobre su veracidad.

A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que uno de los teléfonos utilizados estaba apagado la noche del crimen, lo que llevó al agente a susurrar las dudas sobre la habitualidad de este comportamiento entre criminales. En lo que respecta al vehículo implicado, se detalló que no se hallaron huellas, sugiriendo que había sido limpiado para borrar cualquier evidencia.

La escena del crimen fue meticulosamente analizada. El agente subrayó que la puerta del domicilio no había sido forzada, lo cual indicaba que fue abierta voluntariamente, sugiriendo un conocimiento previo por parte de los delincuentes sobre la disposición de la casa y de la víctima.

La falta de defensa de Guillermo Castillo ante la inminente agresión fue evidente, ya que la primera embestida ocurrió apenas se cruzó el umbral de la puerta, siendo tal la inmediatez del ataque que no tuvo tiempo para reaccionar. Aparentemente, fue golpeado en la cabeza antes de ser arrastrado al baño, donde se encontró su cuerpo posteriormente.

La preparación de los agresores fue también motivo de análisis; el agente concluyó que estos vinieron armados con guantes y con un plan claro de acción, una indicación más de que las versiones ofrecidas por los acusados no se alinean con la realidad de los hechos ocurridos esa noche fatídica.

Si son declarados culpables, la Fiscalía solicita penas que ascienden a 27 años de prisión para cada uno de los imputados: 23 años por asesinato con alevosía y cuatro años por robo en casa habitada. En el caso de uno de los acusados, se solicita además una pena de cuatro años y nueve meses por el delito de robo. Por su parte, la familia de la víctima ha solicitado la prisión permanente revisable para los culpables.

Finalmente, el Fiscal ha demandado una medida adicional en forma de libertad vigilada por un periodo de diez años para ambos acusados, así como una indemnización de 300.000 euros a los hijos de Guillermo, quienes enfrentan ahora no solo la pérdida de su padre, sino también la angustia de un proceso judicial que busca justicia en medio de una tragedia personal insuperable.