En un juicio que ha captado la atención mediática, la Audiencia Provincial de La Rioja ha visto cómo tres de los cuatro acusados de vinculación con una organización criminal han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que exige un total de 40 años de prisión para todos ellos.

Sin embargo, la situación se complica con la negativa de uno de los procesados a aceptar un acuerdo, ya que no admite los cargos y ha solicitado la nulidad de las actuaciones en su contra. Según su abogada, esto se basa en una supuesta violación de su derecho a la inviolabilidad del domicilio, argumentando que las fuerzas de seguridad realizaron un registro en su habitación sin la debida justificación legal.

La Fiscalía mantiene su posición firme y busca penas de 10 años de prisión para cada uno de los cuatro implicados, a quienes se les acusa de formar parte de una red que se dedicaba a la elaboración y distribución de drogas en varias localidades de La Rioja y en Madrid. Además, solicita una multa de 1,7 millones de euros,indicando que estos individuos operaban en una compleja estructura con recursos logísticos significativos.

El caso ha sido reabierto tras la suspensión del juicio anterior, donde no se llegó a un consenso entre las partes. La acusación detalla que la organización contaba con múltiples domicilios en La Rioja y en Leganés, donde realizaban la fabricación y venta de diversas sustancias controladas, como speed, MDMA y cocaína.

Las investigaciones, apoyadas por diferentes cuerpos de seguridad, revelaron que desde octubre de 2022, los acusados operaban en una red criminal con roles claramente asignados en distintos inmuebles. Por ejemplo, en Arrúbal, se utilizaba un laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

Los informes de vigilancia mostraron que uno de los acusados, que vivía en Leganés, viajaba a La Rioja para colaborar en la producción de speed, además de abastecerse de cocaína en otros locales. Esta organización tenía una operativa bien establecida, evidenciada por la adquisición de material específico en ferreterías para elaborar las drogas.

Durante los registros realizados por la policía, se hallaron significativas evidencias que confirmaron las actividades delictivas del grupo. En Agoncillo, los agentes encontraron armas y cantidades de dinero, mientras que en Arrúbal se descubrió un laboratorio equipado con todas las herramientas necesarias para la producción de anfetamina.

La investigación también llevó a la incautación de grandes cantidades de sustancias químicas y elementos de laboratorio. Se estima que las drogas confiscadas podrían haber alcanzado en el mercado un valor aproximado de casi 900,000 euros.

Finalmente, los cuatro acusados fueron detenidos y están a la espera de un juicio, en el que se espera que la Corte se pronuncie sobre las alegaciones presentadas, incluyendo la solicitud de nulidad de las actuaciones formulada por uno de ellos. Mientras tanto, tres de los implicados permanecen en prisión, a la espera de una resolución sobre su futuro legal.