LOGROÑO, 17 de junio. En un reciente juicio celebrado en la Audiencia Provincial de La Rioja, cinco individuos fueron condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas y su vinculación a un grupo criminal, alcanzando un acuerdo que les llevará a cumplir penas de prisión que, en su mayoría, serán suspendidas bajo condiciones específicas.

De los cinco acusados, el principal, A.V.G., afrontará una condena de más de ocho años de prisión tras aceptar cargos que incluyen el tráfico de drogas y la tenencia de precursores, además de una multa significativa de 400.000 euros. Su condena se enmarca dentro de un acuerdo que lo aleja de una solicitud del fiscal, quien demandaba 11 años de cárcel.

En el mismo contexto, otros implicados llegaron a acuerdos que incluyen penas menores y multas: M.J.D. recibirá cuatro años de prisión por tráfico de drogas y otros nueve meses por su pertenencia al grupo criminal, además de una multa de 180.000 euros. El Ministerio Público había solicitado penalizaciones más severas, incluyendo una condena de seis años y medio.

Los restantes acusados, J.I.V., así como B.G.B. y S.S.R., también se acogieron a acuerdos que les permiten evitar largas condenas. J.I.V. cumplirá dos años de cárcel y una multa de 1.000 euros, mientras que B.G.B. y S.S.R. recibirán un año de prisión y una multa de 3.000 euros cada uno. Estos cuatro últimos evitarán la cárcel siempre que no cometan nuevos delitos en el período estipulado.

La investigación que llevó a este juicio se inició tras la vigilancia policial de transacciones de pequeñas cantidades de drogas en la ciudad, que culminó con una detención el 14 de junio de 2023, cuando uno de los acusados fue perseguido tras intentar huir con una carga de estupefacientes.

Las actividades delictivas estaban centradas en un local en la calle Alcalde Emilio Francés, donde se distribuía hachís y se elaboraban precursores químicos utilizados en la fabricación de anfetamina. A.V.G. colaboraba estrechamente con M.J.D. y otros coacusados para llevar a cabo estas operaciones, que incluían la distribución a consumidores finales.

El registro del local, autorizado el 15 de junio de 2023, reveló la incautación de diversas sustancias ilegales, así como documentos que detallaban la elaboración clandestina de drogas. Las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar también demostraron actividad delictiva, lo que llevó a las autoridades a profundizar en la investigación.

Poco después, el 29 de junio de 2023, se realizó otra redada en un negocio relacionado con uno de los acusados, donde también se encontró hachís, así como resina de cannabis en el trastero de un familiar de uno de los encausados. Estos sucesos revelan la directa implicación de los acusados en diversos delitos de tráfico y organización criminal, marcando un capítulo más en la lucha contra el narcotráfico en la región.