LOGROÑO, 16 de diciembre. En un acto de firme reivindicación, el sindicato CSIF ha llevado a cabo este lunes una concentración para demandar al Gobierno que se dé un paso decisivo en la negociación colectiva, que aborda aspectos cruciales para la vida laboral de los empleados públicos. Entre las cuestiones en la mesa se encuentran mejoras salariales, creación de empleo público, condiciones de jubilación, jornadas laborales y opciones de teletrabajo.

La movilización tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, un lugar simbólico que resalta la urgencia de sus demandas. Desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023, desde CSIF han apuntado que no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, lo que ha dejado a un gran número de empleados públicos en una situación de incertidumbre.

CSIF subraya la imperiosa necesidad de negociar un aumento salarial para el próximo año, así como establecer un nuevo acuerdo salarial. El acuerdo vigente caduca a finales de este año y, según los cálculos del sindicato, ha resultado en una pérdida del poder adquisitivo del 6% para los trabajadores desde 2022. Además, se ha hecho hincapié en la importancia de desarrollar una oferta de empleo público para 2025, en un contexto donde el Gobierno no ha logrado avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En otro ámbito relacionado con las retribuciones, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir un recurso de amparo propuesto por CSIF respecto a una iniciativa legislativa impulsada por el sindicato. Esta iniciativa tenía como objetivo restaurar la estructura salarial de los empleados públicos a la situación anterior a los recortes implementados por el expresidente Zapatero en 2010, recortes que han dejado una profunda huella en la remuneración de este sector.

El alto tribunal, a través de una providencia del 2 de diciembre de 2024, ha determinado que el caso reúne una "especial trascendencia constitucional". Esto se debe a que la problemática que plantea no solo afecta al caso concreto, sino que puede tener significativas repercusiones políticas a nivel general. Además, el Tribunal ha solicitado a la Presidenta del Congreso que, en un plazo no mayor a diez días, remita la certificación del expediente correspondiente.

Según expresan desde CSIF en un comunicado, los recortes que persisten desde 2010 han resultado en que los empleados públicos han laborado entre 13 y 18 meses sin remuneración en la última década, dependiendo del grupo profesional al que pertenezcan. Este fenómeno se suma a una pérdida global del 20% en el poder adquisitivo desde que se implementaron las medidas de austeridad en 2010.

En un análisis reciente realizado por CSIF, se ha evidenciado que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) perciben, de media, 8.000 euros menos al año en comparación con sus colegas de las comunidades autónomas y ayuntamientos que realizan el mismo trabajo. Esta cifra revela una alarmante desigualdad retributiva: los funcionarios sufren una merma promedio de 8.690 euros anuales, mientras que el personal laboral enfrenta una reducción de 7.380 euros.

Para abordar estas disparidades salariales en la AGE, CSIF ha estimado que será necesario un financiamiento adicional de 1.487 millones de euros, a distribuir entre los años 2025, 2026 y 2027, con el objetivo de alcanzar la paridad salarial plena para el año 2028.

El sindicato ha hecho un llamamiento para que se tomen medidas inmediatas sobre los siguientes temas, que consideran urgentes antes del final del año:

- La negociación de un nuevo acuerdo salarial que restablezca el poder adquisitivo de todos los empleados públicos.
- La asignación de recursos adicionales para equiparar salarios entre diferentes administraciones públicas.
- La restauración de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, permitiendo el cobro completo de la paga extra.
- La negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, suprimiendo la tasa de reposición.
- La implementación de una jornada laboral de 35 horas en todo el Estado y la introducción de una carrera profesional en todas las administraciones, así como el fomento del teletrabajo.
- La mejora de las condiciones de jubilación, con una regulación definitiva de la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios.
- La adecuación de los Grupos Profesionales.
- La actualización del TREBEP, reforzando su carácter como norma básica para garantizar las condiciones laborales de los empleados públicos.