Un golpe contundente a la inmigración ilegal se llevó a cabo con la detención de 69 personas, 35 de ellas integrantes de dos organizaciones criminales que operaban en Toledo, Madrid y Guadalajara. Estas organizaciones lograron regularizar a más de 1.000 ciudadanos utilizando métodos fraudulentos, obteniendo unos 5 millones de euros en beneficios.

La investigación, que contó con la colaboración de Europol, reveló que estas organizaciones contaban con una sofisticada infraestructura que les permitía falsificar contratos y empadronamientos a cambio de pagos entre 500 y 1.000 euros por persona extranjera.

Las detenciones se llevaron a cabo en dos fases, con 35 personas arrestadas en la primera etapa y 34 en la segunda en diferentes ciudades de España. La Policía Nacional realizó registros en Toledo, Madrid y Guadalajara, incautando vehículos de lujo, dinero en efectivo, teléfonos móviles y documentación relevante para la investigación.

Los líderes de estas redes delictivas se encargaban de contactar con los clientes, establecer tarifas y dirigir las operaciones. Contaban con una amplia red de colaboradores que facilitaban contratos ficticios y empadronamientos fraudulentos para facilitar la regularización de los extranjeros. Además, contaban con la colaboración de despachos de abogados que recibían pagos entre 500 y 1.000 euros por cliente.

Estas organizaciones llegaron incluso a falsificar matrimonios de conveniencia para obtener residencia o nacionalidad española, cobrando cantidades que oscilaban entre 3.000 y 20.000 euros por persona. El desmantelamiento de estas organizaciones criminales representa un duro golpe a la inmigración ilegal y a la corrupción que la rodea.